Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el gobernador Silvano Aureoles Conejo en la que pidió invalidar el decreto publicado el pasado 8 de mayo, que permite la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, al considerar que es contrario a la Constitución federal. Cabe destacar que el gobierno de Michoacán no solicitó frenar la aplicación de militarización del acuerdo mientras se tramita la controversia, por lo que la que la ministra Margarita Ríos Farjat no ordenó abrir incidente de suspensión ni frenar la ejecución del mismo. La ministra expuso que “se tiene por presentado al promovente y se admite a trámite la demanda que hace valer, con reserva de los motivos de improcedencia que se puedan advertir al momento de dictar sentencia. Se requiere al Poder Ejecutivo Federal para que al dar contestación a la demanda, remita a este Alto Tribunal copia certificada de todas las documentales relacionadas con el acuerdo impugnado”. La controversia alegada por el estado de Michoacán sólo tendrá efectos para esta entidad, debido a que en estas demandas se reclama invasión de competencias entre la federación y el gobierno estatal. Ríos Farjat tiene pendiente la tramitación de otras dos controversias constitucionales presentadas por el municipio de Colima, Colima, al que dio un plazo de cinco días para aclarar algunos puntos de la controversia que también interpuso contra el decreto y dio 30 días hábiles para que el Poder Ejecutivo Federal conteste por escrito a esta demanda y se inicie así el periodo de instrucción de este proceso. El pasado 15 de junio el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, advirtió que su administración no aprobará nunca, ningún acto o decisión que atente contra la vocación de las Fuerzas Armadas. Silvano Aureoles dijo el objetivo de la controversia constitucional, es que la SCJN delimite los alcances de la intervención de las Fuerzas Armadas con el fin de que sean claros para los gobiernos de las entidades federativas, los militares y la población. Esto luego de que López Obrador facultó a las Fuerzas Armadas para apoyar las tareas de seguridad pública en la Guardia Nacional por un periodo de cinco años. AMLO desde Michoacán: Aprovechar la experiencia de las Fuerzas Armadas El pasado 14 de febrero desde Sahuayo Michoacán, López Obrador señaló que al inicio de su administración había 36 mil elementos de la Policía Federal, 26 mil de los cuales tenían tareas administrativas y solo 10 mil operativas para atender todos los delitos federales en el país, y que dos de las instituciones más sólidas en México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) contaban con 230 mil y 65 mil elementos, respectivamente, por lo que se planteó que estas pudieran participar en la pacificación del país. Sin embargo, -dijo- militares y marinos no podían realizar tareas de seguridad pública porque, de acuerdo con la Constitución, tenían a su cargo la defensa del territorio y la seguridad nacional. “Pero si es el problema principal es la seguridad pública, ¿cómo no utilizar la experiencia y elementos de estas dos instituciones para darle seguridad al pueblo de México?, por lo que se reformó la ley para que se pudiera crear la Guardia Nacional”.
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