La reforma penal cubrirá el 85 por ciento de los municipios de Michoacán con la implementación del nuevo sistema que hoy inicia en la región judicial de Zamora, anunció Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Solamente el 5 por ciento de los nuevos asuntos criminales ingresados al Poder Judicial llegarían a las audiencias públicas de los juicios orales (considerados la joya de la corona de la reforma penal), pues la gran mayoría de los asuntos delictivos culminarían bajo los mecanismos alternos de solución de controversias, explicó. En la vieja sede de la judicatura michoacana, Magaña informó que el Poder Judicial procesa al año alrededor de 8 mil casos penales en la entidad. El juez es como un árbitro de fútbol, cuya labor no se ve, pero se siente; sin la labor de los tribunales, los ciudadanos podrían caer en la tentación de hacerse justicia por propia mano, observó. En el friolento despacho de la Presidencia, el magistrado calculó que el 50 por ciento de los casos penales tramitados actualmente en el Poder Judicial comprenden delitos patrimoniales tales como fraude, abuso de confianza o robo bagatela, “como el que se comete en tiendas de autoservicio o cuando hay hurto de cilindros de gas” El titular del STJE celebró las bondades de la reforma penal. Puso como ejemplo que, bajo el viejo régimen, los juicios penales llegaban a durar entre 18 y 22 meses en promedio, principalmente porque la defensa ofrecía pruebas que luego no desahogaba, lo que iba creando voluminosos expedientes escritos, congestionando los tribunales. Magaña de la Mora evocó que el expediente del caso Dromundo, por la pluralidad de agraviados, acumuló 80 mil fojas, por lo que “humanamente no puedes decirle al juez que dicte sentencia en 10 días”. Contrastó que, bajo la reforma penal, se irían a pruebas de cargo para acreditar los hechos, sin hacer un desfile de justiciables. Para más información consulta la edición impresa de La Voz de Michoacán del 10 de enero de 2016
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