Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Advierten que hay ventaja de funcionarios públicos que aún están en funciones y que ya están en plena promoción de su imagen en el proceso electoral de Michoacán. A 6 meses de que se tengan que separar del cargo, desde los distintos niveles de gobierno y poderes del estado se aprovechan los recovecos legales para escalar en las preferencias electorales de los ciudadanos. Con aún medio año a cuestas, la promoción personalizada de la imagen de los funcionarios ha sido advertida desde inicios de este año. Lo anterior representa una ventaja sobre otros aspirantes, por lo que en voz de David Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado, es uno de los principales problemas a trabajar durante los próximos meses. No obstante y a pesar de lo que dice la ley, desde el titular de la política interna hasta alcaldes, legisladores y senadores, han aprovechado las distintas modalidades de publicidad digital y física de la ciudad de Morelia para promocionarse fuera de los tiempos legales establecidos. Lo anterior, aseguran, no está permitido por la ley y tampoco se ha sancionado. Cada caso es distinto Quienes aspiran a reelección en diputación, alcaldía y quienes desde algún cargo público, se encuentran en criterios que se han usado en muchos casos como ventaja en promoción. “Estamos hablando que si las elecciones son el 6 de junio, el 7 de marzo correría el último cargo para la separación. Hay un acotamiento importante de las normas constitucionales que entran en contradicción con una reforma constitucional reciente que permite a los legisladores, la elección consecutiva, es decir, lo que veremos en el proceso electoral independiente de que el consejo del INE atraerá el asunto y definirá criterios para los cargos”, explicó el también especialista. Se pueden configurar delitos electorales en esta materia. Advirtió el uso de recursos públicos o el condicionamiento de entrega de apoyos sociales a cambio del apoyo a algún candidato, será uno de los principales aspectos que tendrá que revisarse cuando se consolide la fiscalía de delitos electorales en la entidad. Señaló que la promoción personalizada, el uso de recursos públicos con fines electorales, condicionamiento del voto a trabajadores de los gobiernos y que les obliguen a asistir a sus eventos políticos, constituyen el principal riesgo con este esquema de tiempo que señaló como corto. Delgado Arrollo declaró que incluso existe contradicción entre la reforma constitucional al tema de la reelección con criterios de participación política y que chocan incluso con el tema de la paridad de género y los que se quieran colocar como candidatos independientes si no llegan a ser impulsados desde sus propios partidos. Problemas como el anterior, manifestó, tendrán que ser revisados y resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la marcha. “Lo que revisará el INE en la reelección será definir situaciones que pudieran poner bajo posicionamiento el uso de recursos públicos, habría que ver en que tez lo vemos porque preocupa el tema de la reelección con garantizar disposiciones constitucionales con la paridad de género, que contraviene en un conflicto entre la paridad de género y la reelección tendrá que prevalecer la paridad de género”, aclaró. Hasta el momento, los funcionarios públicos han sido mesurados en sus declaraciones respecto a sus intenciones sobre sus aspiraciones políticas. Entre los nombres de políticos en funciones que suenan para contender en el próximo proceso electoral, es el alcalde de Morelia Raúl Morón Orozco, quien desde la capital michoacana cuenta con los mecanismos mediáticos para hacerse notar. Por otra parte, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, quien si bien ha crecido en las encuestas de los últimos meses, no ha descartado sus intenciones por contender en el proceso por la gubernatura. Por otra parte, políticos que sí han confirmado, se puede nombrar al delegado de Programas Sociales, Roberto Pantoja Arzola, quien desde la Secretaría del Bienestar se ha encargado de la dispersión de los principales programas de apoyo que bajan desde la federación y que implican miles de millones de pesos en inversión social. Otros casos son el presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Báez, y los senadores Cristóbal Arias y Antonio García Conejo. Las encuestas políticas revelan nombres que hasta el momento no han sido ratificados por los mismos partidos políticos, en tanto que al listado también se suman ciudadanos que no ostentan cargos públicos pero que sí han alzado la mano para contender en el proceso electoral por alcaldías, diputaciones y la joya de la corona; la gubernatura de Michoacán. La función pública requiere de canales de comunicación, sobre todo en lo que refiere a la entrega de apoyos sociales como en el caso de los principales puestos del Gobierno del Estado y los programas sociales de la federación. Ignacio Hurtado, Comisionado Presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), manifestó cada cargo por el que se va a votar cuenta con criterios distintos. Como en el caso de los diputados que pueden aspirar a la reelección directa. En este sentido advirtió que el abuso de quienes desde el poder se hacen promoción, imposibilita que desde los mismos partidos políticos tengan un piso parejo para las elecciones internas y sobre todo, para las futuras campañas. “Hay un tema interesante porque no necesariamente todos tiene que separarse, pueden estar en campaña y estar en función. Y hay criterios de los tribunales en el tema de la separación como en el caso de la reelección, donde todavía no exige la separación como tal, y en el otro caso son 3 meses los que tienen que haberse separado”, explicó. Por su parte, el doctor Humberto Urquiza Reyes, especialista en leyes electorales, aseguró que el principal problema de este proceso en concreto, es evitar que se desborde la ya “complicada” situación de promoción que se hacen los funcionarios públicos a partir de sus actividades en el poder. Recordó en este caso que el código Electoral del Estado de Michoacán es bastante claro respecto a que ningún funcionario público o ciudadano podrá recurrir a los actos de promoción personalizada al menos 6 meses antes de iniciado el proceso electoral y de las campañas políticas, situación que se sigue violentando prácticamente todos los días en espacios como la ciudad de Morelia, a través de los anuncios espectaculares. “De hecho el 134 de la constitución, dice que nadie puede hacer función de su imagen, voz o nombre y cargo salvo que sea informe de gobierno o de gestión. El único permiso desde la norma es cuando vas a dar un informe de gobierno. Este es el tema, la cantidad de difusión de imagen que estamos viendo de ciudadanos, de militantes partidos políticos, dirigentes y servidores públicos, ahorita está siendo el reto y que el problema es que se desborde, y que cuando inicien los procesos de selección interna ya lleven ventaja unos sobre de otros”, explicó. Casos tangibles Apenas esta semana que concluyó, se advirtió la presencia de funcionarios públicos del gobierno estatal en el destape de un senador por Michoacán. En horario laboral y sin justificación, los funcionarios fueron señalados por la opinión pública por participar en actos fuera de tiempo electoral. Ante el panorama anterior, la versión del Gobierno de Michoacán ha sido a través del Secretario de Gobierno Carlos Herrera Tello, quien aseguró que sancionará y que no se permitirá el uso de los recursos públicos del gobierno del estado para usos electorales o de promoción a la imagen de ningún perfil del rango que sea. “No en horarios laborales, pueden apoyar fuera de la chamba y sin distraer recursos humanos o materiales del gobierno del estado o federal para apoyar al gobierno del estado. Se tiene una responsabilidad legal si alguien o hace y es uno de los señalamientos más importantes es capacitar a los funcionarios sobre la responsabilidad que significa distraer recursos en factor de un candidato o candidata”, manifestó. Cabe destacar que hasta esta semana, autoridades electorales no han dado a conocer sanción alguna a servidores públicos de los distintos niveles de gobierno, quienes han incurrido en fuertes campañas de difusión de su nombre, cargo y acciones relacionadas a la función pública. Lo anterior, ha inundado incluso las redes sociales, plataformas de streaming y medios digitales a través de supuestas entrevistas, vídeos de información, acciones o simplemente fotografías de los funcionarios entregando apoyos a los ciudadanos.
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