Arturo Molina y Jorge Manzo / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. En Michoacán urge evitar la fuga del valor agregado de la agricultura, ganadería, acuicultura y otras actividades económicas, planteó Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura de Michoacán, durante el primer debate entre aspirantes al Solio de Ocampo. Entre las medidas para reactivar la economía, el magistrado propone la consolidación de dos corredores agroindustriales en la entidad. En el tema de salud, advirtió en las concentraciones que se realizan en las campañas electorales se están evitando reuniones masivas, pero se está dotando de cubrebocas y de gel a los asistentes. El candidato del Verde afirmó que tiene muy claro que la medicina de primer nivel debe ser el ejército para llevar a cabo toda la atención para prevenir las enfermedades, entre ellas, la COVID-19, que llegó para quedarse También ofreció gestionar las vacunas para que más personas tengan acceso al biológico, pues es inconcebible que más michoacanos estén vacunados en Estados Unidos que en su propio estado. Al hablar de educación, Juan Antonio Magaña de la Mora afirmó que él trabajará hombro con hombro con las bases sindicales y ofreció dar solución a sus demandas añejas que no se han atendido con oportunidad, lo que ha obligado a que se acrecienten a tal grado que hoy son inatendibles. Afirmó que se debe impulsar la profesionalización y la capacitación magisterial. Denunció que en estos momentos hay temas pendientes como salarios que no se han atendido con oportunidad, y contratiempos para las jubilaciones, pues se están retirando con salarios menores. “En este momento muchos de los profesores y responsables de la educación se abstienen a jubilarse justamente porque los salarios son distintos al último que reciben”, dijo Magaña de la Mora, al resaltar que se garantizará la estimulación de ascensos y otorgar apoyos para las personas que se tienen que desplazar a lugares alejados de la ciudad. El magistrado apuntó que, aunque la estrategia para combatir al crimen organizado es de competencia federal, el estado tiene que asumir su responsabilidad y, en los casos de flagrancia delictiva, debe actuar y poner a los señalados bajo disposición de la ley. Propuso además establecer convenios de colaboración con otras entidades para reducir los niveles de impunidad.
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