La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ejercitó acción penal en contra de dos personas que el pasado viernes fueron detenidos tras enfrentarse contra agentes de la Policía Ministerial en un fraccionamiento residencial de esta ciudad; en estos hechos, un presunto infractor de la ley perdió la vida. Ante el Juez Penal de este Distrito Judicial, fueron consignados Ricardo C., de 40 años de edad y Manuel Z., por su probable responsabilidad en el delito de Narcomenudeo. Asimismo, se envió desglose a la Procuraduría General de la República, con relación a la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De acuerdo a las constancias de indagatoria, el pasado viernes en atención a una denuncia anónima que alertaba sobre la presencia de personas armadas en el fraccionamiento Rinconada La Huerta, personal ministerial se desplazó al punto indicado en busca de los presuntos infractores de la ley. En los momentos que llegaban a la calle Azul de la citada unidad habitacional, los agentes ministeriales fueron recibidos a balazos por el ahora occiso Jorge Uriel Campuzano González, de 37 años de edad, quien se introdujo al domicilio que habitaba junto con los ahora consignados. Desde el interior de la casa Jorge Uriel continuó realizando disparos en contra del personal de la PGJE, quienes repelieron la agresión, dando muerte a Jorge Uriel; ahí mismo, fueron detenidos Ricardo C. y Manuel Z. Los agentes Ministeriales aseguraron a Ricardo C. un arma de fuego calibre .45 abastecida y 27 pequeños envoltorios que contenían sustancia con características al cristal. Mientras que a Manuel le fue asegurada una pistola calibre .40, así como 33 dosis con características de metanfetaminas y dinero en efectivo. Durante la investigación realizada se determinó que los detenidos y el ahora occiso se venían dedicando a la venta de droga en diferentes partes de esta ciudad, por lo que, Ricardo y Manuel fueron consignados por narcomenudeo ante el órgano jurisdiccional correspondiente. De igual forma, será la Procuraduría General de la República, la que resuelva su situación jurídica por lo que corresponde al delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La Voz de Michoacán
