Este día fue anunciada la liberación de Desiderio Camacho Garibo, exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno de Leonel Godoy Rangel, y extitular del Instituto de Infraestructura Educativa y de Pensiones Civiles del Estado, quien fue aprehendido tras el cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez a la Procuraduría General de Justicia del Estado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita, cuando todavía regía la Comisión Especial para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que encabezaba Alfredo Castillo. Las autoridades en turno dieron a conocer en ese momento que el exfuncionario estatal ocultó declarar 21 propiedades, las cuales se dijo tenían un valor catastral de hasta de cien millones de pesos, y se aclaraba que la acusación de la Procuraduría se realizaba con base a un dictamen únicamente de los predios sin contar el valor de la construcción, menaje y accesorios de cada una de estas propiedades. Castillo Cervantes aseguró hace un año y un mes, que también se le habían encontrado a través del informe emitido por la Dirección de Ingresos del Gobierno del Estado que Camacho Garibo era propietario de más de ocho vehículos de lujo y de reciente modelo, así como una lancha para pesca deportiva en Lázaro Cárdenas. Además, se acusaba al exservidor público de realizar una inversión al capital de la sociedad que tenía constituida con su familia por 15.9 millones de pesos para la construcción de la Clínica denominada Centro Médico de Especialidades Santa Clara, ubicada en Lázaro Cárdenas, sociedad que abrieron en el 2010 cuando el detenido era secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Leonel Godoy Rangel. El exgobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, todavía al frente de la administración, afirmaba, eran “pasos necesarios para recuperar la confianza” y aseveraba que era parte de una exigencia de los michoacanos el saber cómo se aplicaron los recursos públicos, y que su compromiso era “esclarecer la incógnita”, por lo que aseguraba que sin distingos partidistas se continuarían las investigaciones de la PGJE y se aplicaría la ley. Jara enfatizaba que se tendría el máximo de los cuidados porque “sería muy peligroso que se culpara a inocentes pero igualmente grave es que estuvieran en libertad delincuentes”. Alfredo Castillo aseguraba que no se permitirá que funcionarios públicos hicieran mal uso de recursos públicos, y advertía que todo aquel que cometiera ese tipo de acciones sería presentado ante la justicia. Desde enero de 2013, y hasta el 31 de octubre de 2014, fecha en que se dio a conocer la aprehensión, la Procuraduría del Estado había ejercido acción penal en contra de 32 exservidores públicos por posibles desvíos de recursos. Cabe mencionar que Itze Camacho, hija del ex funcionario acusado de peculado y enriquecimiento ilícito, realizó una huelga de hambre en Morelia y en el puerto Lázaro Cárdenas en apoyo a su padre, de quien decía estaba “delicado de salud”. Cabe precisar que el juez tercero de lo Penal, Jaime Liera Álvarez, otorgó la libertad provisional bajo caución al exfuncionario perredista.
La Voz de Michoacán
