Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La mañana del sábado 11 de marzo, antes del amanecer, un grupo de delincuentes llegó a los bares Vertical y Mint, en la zona de Altozano, al sur de Morelia, y con bombas molotov incendiaron los establecimientos. Por fortuna los daños sólo fueron materiales, pero el hecho encendió las alertas tanto de la ciudadanía como de las autoridades. Ante estos hechos, la seguridad fue reforzada, mientras las autoridades descartaron que los dueños de este tipo de negocios estén siendo víctimas de extorsiones y el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, se dijo extrañado de que no hubiera denuncias formales por esos ataques. El pasado 5 de abril, sujetos armados atacaron a agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado en el fraccionamiento Misión del Valle, en los límites con Tarímbaro, con saldo rojo de dos elementos caídos. Pero además de las bajas, no hay que olvidar el “saldo social”: la balacera que se prolongó durante más de una hora causó zozobra en toda esa zona del municipio, con gente que se quedó atrapada en sus casas y entiendas, además de cientos de personas que se quedaron varadas ante la suspensión de las rutas de transporte público hacia el fraccionamiento, que es considerado uno de los focos rojos en materia de seguridad. A raíz de ese enfrentamiento, las autoridades detuvieron a 7 personas, quienes, a decir de la FGE, pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual se supo debido a que las armas aseguradas estaban rotuladas con las cuatro letras. Ante ello, el fiscal Adrián López Solís señaló que la región norte del estado y del municipio de Morelia, específicamente en los límites con y Tarímbaro, representan una mezcla de condiciones para el asentamiento de grupos del crimen organizado: viviendas abandonadas, falta de presencia policial, alto consumo de drogas, huachicoleo y la descomposición del tejido social mantienen las condiciones adversas en fraccionamientos como Misión del Valle. Pero, además, el pasado 22 de abril, mientras esperaba informes sobre una paciente en el Hospital de Especialidades del IMSS, en la zona limítrofe entre Charo y Morelia, un hombre recibió 8 disparos de arma de fuego. Según las autoridades, al nosocomio llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta, uno de ellos bajó, llegó a la sala de espera y cometió la agresión para luego, amagando al personal de vigilancia, regresar a donde el otro hombre ya lo esperaba y darse a la fuga a bordo de la moto. Por si fuera poco, durante la noche de este 23 de abril, mientras visitaban la tumba de Mario Gibrán, alias El Pistolas, ultimado a tiros en junio de 2022 en la colonia Eréndira, 4 hombres fueron atacados a balazos en el panteón Gayosso, al sur de la ciudad. El saldo del ataque fue de dos muertos y dos heridos. Estos y otros hechos han encendido los focos rojos de las autoridades, que parecen no darse abasto para contener a la delincuencia, ya que a diario se reportan robos y asaltos, además de que son frecuentes los homicidios dolosos en la capital del estado y su zona conurbada. Llama CEDH a la coordinación A pesar de los constantes eventos de violencia y la alta incidencia de homicidios dolosos en los últimos meses, priva una falta de coordinación entre las corporaciones policiales, sobre todo del estado y el municipio, para contener la inseguridad en la capital michoacana, y, a decir de Marco Antonio Tinoco Álvarez, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las posturas de cada parte quedan más en discursos que en acciones. El principal desfase se observa entre los modelos de la policía estatal y la municipal: “Yo considero que hay una falta de coordinación entre modelos; es triste y lamentable cuando se habla de que hay cámaras, que hay semaforización, que no se tarda más de 15 minutos en llegar. Lo que evidencia es que tenemos que hacer una buena reflexión sobre si el ciudadano de a pie está recibiendo una buena seguridad pública”, sentenció en charla con esta casa editorial el ombudsman estatal. Desde noviembre de 2021 el debate entre el Ayuntamiento de Morelia y el gobierno estatal ha girado en torno a la firma del convenio de coordinación promovido por el Ejecutivo del estado, al cual ya se han sumado al menos 80 municipios con aparentes buenos resultados en la disminución de la delincuencia de alto impacto. No obstante, Morelia se mantiene fuera del convenio bajo el argumento de que el esquema implica una supuesta subordinación de la corporación local a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y “prestar” elementos locales. En medio de esta discusión, donde incluso se señalan las presuntas responsabilidades de cada orden de gobierno, el vacío de respuesta eficaz en seguridad sigue siendo aprovechado por los grupos delincuenciales, y se presume que ya operan cuatro cárteles en la ciudad. “Esto va más allá de los colores partidistas, de las filias y las fobias, la realidad es que ninguna corporación estuvo a la altura. Hay dos cosas que tenemos que decir: la primera es que las corporaciones están mal pagadas, tienen horarios criminales, no hay incentivos y no se ha instaurado su sistema de seguridad social. Y dos, el equipamiento no está funcionando, estamos viendo al frente a los grupos de civiles armados con equipamiento de mayor poder que nuestras policías”, valoró el titular de la CEDH. Dicen que ahora sí El pasado 22 de abril, Alfredo Ramírez Bedolla y el edil de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se reunieron para abordar el tema de la seguridad. Ramírez Bedolla publicó en sus redes sociales una imagen con el presidente municipal, a quien le reiteró su disposición para apoyar y coordinar acciones en materia de seguridad pública. El titular del Ejecutivo estatal celebró que, de acuerdo con cifras Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Michoacán registra una reducción en homicidio doloso durante el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2022. Los datos del sistema del gobierno federal indicaron que durante los primeros tres meses de 2022 se registró una cifra de 754 asesinatos y en el mismo lapso de 2023 sumaron 443. Sin embargo, la capital michoacana registra una importante incidencia de este delito, pues solo en lo que va de abril se acumulan más de 30 casos, lo que representa el 35% del total en el estado. “Morelia será de las más vigiladas” Por su parte, el alcalde Alfonso Martínez informó que acelerará el compromiso que hizo en el tema de seguridad y sentenció que no entregará a la Policía para deslindarse, sino que la robustecerá en un tiempo mucho más corto del contemplado. Dijo que se había comprometido a contratar mil policías para el término de su administración, pero que ahora “los mil policías los tendremos al término de este año 2023 y en el siguiente año vamos a contratar otros 200 policías para Morelia y así entregar mil 200 policías, 60 por ciento más de los que nos entregaron en 2021”. También resalto que Morelia tendrá mil 800 cámaras vigilando de manera estratégica y se van a sumar a las de la ciudadanía que se conectan a la central de la corporación. “Este año llegaremos a 5 mil cámaras vigilando Morelia y por eso decimos que va a ser una de las ciudades más vigiladas de México. Purga municipal En lo que va de la presente administración municipal suman 54 elementos de la Policía Morelia dados de baja por irregularidades, como que los elementos no pasaron las pruebas de control y confianza, no acreditaron los programas de certificación, tenían faltas en sus horarios de servicios, pidieron sobornos que quedaron documentados en las cámaras corporales o incluso incurrieron en abuso policial. A este respecto, Alejandro González Cussi, comisionado de Seguridad de la capital del estado, señaló que aunque es necesario para mantener la confiabilidad en la Policía Morelia, dar de baja a elementos resulta en un descalabro financiero, pues la formación de los agentes tuvo un costo importante, así como equipamiento, salarios, capacitaciones, seguros y otros gastos que se hacen con cada elemento. En promedio, la formación de un policía termina costando hasta 40 mil pesos en una etapa inicial, lo cual corre a cuenta de los ayuntamientos, estado o instituciones que busquen integrar más elementos a sus propias filas. Narcomenudeo, talón de Aquiles Además de los homicidios, robos y asaltos, Morelia enfrenta también el problema del narcomenudeo, a lo que ahora se suma la inminente llegada de la crisis del fentanilo a la capital michoacana y otras regiones del estado. En lo que va de este 2023, la ciudad de Morelia presenta un repunte de más del 20 por ciento en los casos de narcomenudeo respecto al año anterior, incluso, la misma cifra supera a la media nacional. Cuestionado sobre el panorama, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que si bien hasta el momento no se han presentado indicios directos, se estima que sí habría algún grado de relación al ser zona de tránsito. “Seguramente en cualquier momento puede aparecer. La crisis está en todas partes”, explicó el mandatario. La hipótesis de que Michoacán dejó de ser una zona de tránsito del fentanilo para convertirse en un punto de consumo se sigue reafirmando con los reportes de las autoridades sanitarias. En muchos de los casos los consumidores ni siquiera saben lo que están ingiriendo, por lo que se complica la atención de la salud de decenas de pacientes todos los meses en las salas de urgencia cuando llegan con complicaciones por el abuso de la sustancia. Asimismo, se estima que muchos otros casos no llegan al sistema de salud ante el miedo de ser detenidos por portación o consumo de drogas. Policía Auxiliar, ¿la solución? Luego de los recientes hechos violentos, sobre todo el ataque armado en el hospital del IMSS, el gobernador indicó que los vigilantes privados “no sirven”, y por ello urgió a que las dependencias de los distintos órdenes de gobierno y establecimientos contraten los servicios de la Policía Auxiliar, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. Durante la rueda de prensa ofrecida este lunes, el gobernador fustigó que “las empresas de seguridad privada no son confiables, no sirven para nada”, en torno a la agresión a balazos que sufrió un hombre en el hospital, y agregó que “en el IMSS atiende una empresa privada y no son confiables. También se lo dije a Alfonso Martínez y le dije que es urgente que el Cabildo sesione y establezca que en los giros negros sea la Policía Auxiliar de Michoacán y no las empresas privadas”. Agregó que le daba “mucho gusto” que la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yarabí Ávila, haya acatado la indicación al anunciar que se contratará a la Policía Auxiliar para reforzar la seguridad en los campus. A pregunta expresa de si la Policía de Morelia no se quiere unir a la Policía Auxiliar por “asuntos turbios”, Alfredo Ramírez Bedolla dijo que eso es una responsabilidad del presidente Alfonso Martínez, “seré respetuoso en ese tema, pues está en la cancha del presidente municipal”. Con información de Arturo Molina y Omar Cuiriz.
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