Arizona, Texas y Oklahoma preparan demandas contra alivio migratorio

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Autoridades de Arizona, Texas y Oklahoma alistan demandas legales para tratar de frenar la acción ejecutiva anunciada por el presidente estadunidense Barack Obama para legalizar de manera temporal a más de cuatro millones de indocumentados.

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Luego del anuncio que hizo el presidente la noche de este jueves, los procuradores generales de Texas y Oklahoma advirtieron que interpondrán demandas en contra de la acción ejecutiva.

En Arizona, el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, informó también que presentará un recurso legal para frenar la acción ejecutiva de Obama.

Las demandas anunciadas son apenas el inicio de una serie de recursos legales que se estima podrían interponer autoridades y organizaciones en contra de la acción ejecutiva del mandatario.

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En un comunicado, el procurador general y gobernador electo de Texas, Greg Abbott, acusó a Obama de haber eludido al Congreso y de ignorar la voluntad de los estadunidenses, "deteriorando el fundamento mismo de la Constitución del país, otorgando un legado de ilegalidad".

"Los texanos han sido testigos de primera mano de los costos y consecuencias causados por la política dictatorial de inmigración del presidente Obama y ahora debemos trabajar juntos para llegar a una solución para reparar nuestro sistema de migración", dijo Abbott.

El funcionario afirmó que se está preparando "para inmediatamente desafiar al presidente Obama ante la corte, asegurando la soberanía de nuestro estado y garantizando la ley tal como fue la intención bajo la Constitución".

El procurador general de Oklahoma, Scott Pruitt, aseguró a su vez que tras el anuncio del presidente, su administración "ha demostrado una vez más que está dispuesto a engañar al pueblo estadunidense sobre los efectos y la legalidad de su agenda política".

El pueblo estadunidense "puede ver a través de esto la descarada toma de poder político por parte del presidente", indicó.

Pruitt dijo que "la acción ejecutiva que el presidente propuso esta noche, es inviable, ilegal, y descaradamente política".

Tras anunciar que buscará interponer una demanda legal en su contra, el procurador de Oklahoma, aseguró que "la administración federal tendrá que rendir cuentas", por la decisión anunciada este jueves.