Ashley Rodríguez / La Voz de Michoacán Ario de Rosales, Michoacán. - Más de 70 millones de pesos han sido erogados por el Poder Judicial de Michoacán para cubrir indemnizaciones constitucionales a exjueces y exmagistrados, luego de la reforma que estableció distintos supuestos para su retiro. Hasta el momento, cerca de 40 personas ya han recibido estos pagos, cuyos montos van desde 600 mil pesos hasta casi tres millones, mientras que alrededor de 30 han promovido juicios de amparo al considerar que les corresponde una cantidad mayor. Así lo informó el magistrado Hugo Gama Coria, presidente del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Explicó que los pagos derivan de lo establecido en la reforma constitucional y de los transitorios que regulan el retiro o la participación en la elección judicial. De acuerdo con el magistrado, desde octubre pasado se inició un proceso de diálogo con los exfuncionarios judiciales para revisar de manera individual sus situaciones. Gama Coria detalló que el órgano de administración del Poder Judicial es el responsable de revisar y aprobar las indemnizaciones conforme a lo que establecen los transitorios de la reforma constitucional. En ese sentido, precisó que previamente el Consejo del Poder Judicial había autorizado indemnizaciones para algunos magistrados y consejeros, antes de que la actual administración asumiera funciones. El magistrado también aclaró versiones difundidas en medios sobre un supuesto salario mensual de cuatro millones de pesos para un exmagistrado. “Por ahí salió una nota de hace un par de meses sobre el ingreso de cuatro millones de pesos de un exmagistrado, que se confundió que era un salario mensual, pero no. Se trataba precisamente del pago de una indemnización constitucional”, señaló. MONTOS Y CONTROVERSIAS El presidente del Poder Judicial explicó que los montos de las indemnizaciones dependen principalmente de la antigüedad de cada funcionario judicial. “Depende también de su antigüedad, varían los pagos que se han dado, de 600 mil pesos hasta cerca de tres millones de pesos”, detalló. Sin embargo, reconoció que existe inconformidad por parte de algunos exjueces que consideran que las cantidades pagadas no corresponden a lo que deberían recibir. “Hay alguna controversia porque algunos de ellos consideran que les corresponden más, incluso hubo algunos que nos presentaron una cuenta de hasta 10 millones de pesos, lo cual a nuestra consideración no es preciso”, afirmó. El magistrado informó que hasta ahora se han erogado poco más de 70 millones de pesos del Fondo Auxiliar para cubrir estas indemnizaciones. Ante la inconformidad con los montos determinados por el Poder Judicial, varios exfuncionarios han recurrido a la vía legal. Según explicó Gama Coria, alrededor de 30 personas han promovido juicios de amparo, mediante los cuales buscan que se revise el cálculo de las indemnizaciones. “Ellos han promovido juicios de amparo porque consideran que es más lo que les corresponde, y nosotros estaremos atendiendo lo que las autoridades federales determinen”, señaló. El magistrado indicó que, en caso de que la justicia federal determine que corresponde un monto mayor, el Poder Judicial del estado acatará la resolución. “Si llega a ser así, nosotros tenemos la posibilidad de ir atendiendo y cubriendo cualquier determinación del Poder Judicial de la Federación”, puntualizó. TRES SUPUESTOS PARA ACCEDER A LA INDEMNIZACIÓN El presidente del Poder Judicial explicó que la reforma constitucional establece tres supuestos principales para acceder a las indemnizaciones o beneficios de retiro. Entre ellos se encuentran: • Haber participado en la elección judicial y no resultar electo. • Retiro anticipado presentado ante el Congreso del Estado. • Funcionarios próximos a jubilarse. Sin embargo, dijo que algunos exjueces consideran que podrían recibir más de un concepto de indemnización, lo cual —señaló— no corresponde con lo establecido en la reforma. “Algunos consideran que les tocan dos conceptos o tres conceptos, pero no”. Además de la indemnización constitucional, existe el llamado haber por retiro, aplicable a quienes ya cuentan con más de 30 años de servicio dentro del Poder Judicial. Este beneficio contempla el pago del salario del funcionario durante cinco años posteriores a su retiro, con una reducción gradual. No obstante, el magistrado mencionó que al menos una persona ha solicitado renunciar a ese beneficio para recibir la indemnización constitucional, lo cual debe resolverse conforme a lo que establece la reforma vigente. “Hay una persona en específico que no quiere ese derecho y quiere que se le pague la indemnización constitucional, pero nosotros nos tenemos que apegar a lo que establece la reforma”, concluyó.
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