Agencias/ La Voz de Michoacán. A unas horas de finalizar el plazo otorgado por la juez Edith Alarcón, rectora del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, dos inversionistas confirmaron su interés por capitalizarla, con lo cual se frena la posibilidad de declarar a la empresa en quiebra. Representantes sindicales de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra, dijeron en la víspera, que el Grupo Fides, encabezado por Francisco Campuzano, presentó los documentos requeridos por la juzgadora a fin de seguir un proceso que permita rescatar a la aerolínea. En reunión privada, Gerardo Badín, administrador y conciliador de Mexicana, les informó que la Sofom cuenta con documentos que avalan la existencia de recursos en el Banco HSBC, además de comentarles que se presentó un inversionista que solicitó trato confidencial, por lo que se desconoce su nombre y origen. Sin embargo, se aclaró que no pertenece a ninguno de los cuatro grupos, relacionados con Iván Barona, BMC Financial, Grupo Autrey y el mismo Fides, según informa Milenio. Carlos Morineau, líder sindical de Asociación de Pilotos Aviadores de México (ASPA), dijo que el plazo de la convocatoria abierta emitida el pasado 10 de enero por la juez, concluyó este viernes a la media noche, y no descartó la llegada de un tercer inversionista interesado en capitalizar a Mexicana, lo cual hasta el cierre de esta edición, no fue confirmado. Indicó que los grupos que presentaron propuestas deberán cubrir una serie de requisitos que compruebe la existencia de recursos suficientes para el proceso de rescate de Mexicana, lo cual será validado por la rectora del concurso mercantil la siguiente semana. “Lo que sí se demostró y fue constatado por ASPA, es que tiene (Fides) recursos etiquetados, lo que es un avance, pero será la próxima semana cuando el juzgado valide esos recursos, precisó”. En su opinión, es poco probable que Fides solicite una prorroga de 45 días, como fue el caso de Iván Barona, toda vez que este grupo cuenta con trabajo previo en lo que respecta al dinero que pretenden utilizar para capitalizar a la aerolínea. “Son inversionistas serios, si requieren algún tiempo habrá que respetarlo, pero tenemos una propuesta seria para Mexicana.” Insistió en que la sofom tiene al menos 300 millones de dólares para el rescate, al menos 100 millones deberán ser comprobados ante la juez para asegurar la viabilidad del proceso. Al ser ASPA dueño de 5 por ciento de las acciones de Mexicana, en breve se podría conocer al inversionista que pretende quedarse con Mexicana —que por el momento se encuentra en el anonimato—, para saber si pueden fungir como socios. Ricardo del Valle, líder de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), dijo que el interés de estos inversionistas otorga una nueva oportunidad para la aerolínea, de momento queda suspendida una emisión de quiebra definitiva, además de que los sindicatos analizan firmar un acuerdo para reducir del lastre de adeudos que tiene Mexicana los pasivos laborales. Miguel Ángel Yúdico, líder de los trabajadores de tierra, mencionó que con este acuerdo buscarán dar una mayor certeza al proceso que sigue la empresa y contribuir con ello a su rescate. El 10 de enero pasado, la juez Edith Alarcón decidió emitir una “convocatoria abierta al sector inversionista que esté interesado en adquirir y capitalizar Compañía Mexicana de Aviación, Mexicana Inter, Aerovías Caribe y Mexicana MRO”. Esta decisión se fundamentó en los artículos 1, 3 y 7 de la ley de concursos mercantiles, proceso al que está sujeta la aerolínea desde hace casi 29 meses. “La suscrita juez federal está investida de las facultades necesarias para dar cumplimiento a lo que establece el citado cuerpo legal, es decir, la conservación de las empresas, evitando que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago pongan en riesgo la viabilidad de éstas y de las demás con las que tengan relación, honrando así la máxima de la ley de la materia”, señalaba el documento. La iniciativa también busca una solución entre los acreedores y Mexicana de Aviación, a fin de que el problema patrimonial no se convierta en un futuro conflicto social, toda vez que su quiebra definitiva también implica la pérdida de empleos, precisó la juez.-
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