Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Un total de 20 comunidades originarias de Michoacán “valora” la participación y la admisión del proceso de la consulta popular del próximo 1 de agosto. El ejercicio de democracia participativa promovido por el presidente de la república y el partido en el poder, no termina de “convencer” a las comunidades indígenas. En voz de Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, explicó que durante esta semana se iniciaron las asambleas entre comunidades para determinar cuál es la postura que tomarán respecto al ejercicio democrático. Adelantó, será dentro de 8 días en que se dará a conocer si permiten o no la instalación de las mesas receptoras en la región para auscultar la opinión de la población en torno a sancionar a ex funcionarios del pasado por las decisiones tomadas en torno al gobierno. Ante cualquiera de los dos escenarios, exhortaron a que las autoridades de los tres niveles del ejecutivo tendrán que respetar la decisión de las comunidades. Respecto a los nombres de las comunidades, aseguró que son las mismas que durante la jornada electoral del pasado 6 de junio impidieron el paso a los organismos electorales y a las autoridades, por lo que en este caso también son más de 20 las que se encuentran en evaluación del contexto político. No obstante, dentro del espectro de comunidades que integran el Consejo Supremo indígena son más de 60 pueblos originarios que también evaluarán de manera independiente a través de sus asambleas “Somos 20 comunidades las que vamos a estar reuniéndonos para revisar el tema y hay dos posturas. Una es que no se permita la instalación de casillas como ya lo mencionaban los compañeros de Santa Fe y otra que dice que sí es factible. Aún hay otra propuesta que estará pasando a la Asamblea general de comunidades, la daremos a conocer muy pronto. Hoy mismo va a empezar y se va a pasar la información que tiene que bajar a las comunidades y en unos ocho días daremos a conocer la respuesta”, explicó el vocero del órgano indígena de esta entidad. Desde el activismo local, se puso sobre la mesa la posibilidad de que la consulta “abriera la puerta” para promover sanciones a funcionarios y exfuncionarios locales que incidieron en afectar los intereses ciudadanos a través de actos de corrupción e incluso, acciones gubernamentales que dejaron muertos. El caso Arantepakua de abril del 2017, fue expuesto como ejemplo como uno de los muchos casos que se tendrían que revisar una vez que se obtengan los resultados del proceso de consulta que se llevará a cabo a nivel nacional. En voz del representante del Consejo Supremo indígena de Michoacán, si bien lo anterior representa una forma de conocer el sentir de la población, no quitan de la mesa la construcción de una comisión nacional que investigue dichos delitos y actos de corrupción que durante décadas han dejado daños a los pueblos originarios. Recordó, en el caso de la región purépecha, oriente michoacano y Sierra Costa, la lucha por la defensa de los territorios, recursos naturales, autonomía financiera y apoyos para el campo han dejado desaparecidos, homicidios y atentados en contra de las comunidades que tendrán que castigarse independientemente de los resultados de la consulta que ejecutará el Instituto Nacional Electoral el primer día del mes de agosto. “Nosotros continuamos exigiendo, y queremos que se cree una comisión de la verdad por honor a la justicia, hay muchos casos representativos que creemos que se tiene que investigar en la comunidad indígena como el caso de la familia Guzmán Cruz del 74, los comuneros de Arantepakua, Cherán, Caltzontzin, desaparecidos en todas las comunidades por defender territorios y recursos naturales”, manifestó el también activista a pregunta expresa de los medios de comunicación.
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