Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El costo por las indemnizaciones que tendrá que pagar el gobierno de México a los organismos privados afectados por la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, podría llegar hasta 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o abrir otros sectores a cambio de cerrar el energético, aseguró el sector empresarial. En videoconferencia, el presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Regulo Salinas, aseguró que existen una gran cantidad de empresas que ya tienen listos los amparos y que podrán presentarse a partir de hoy, ya que se tienen 30 días naturales desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para la presentación de litigios. Explicó que el inversionista que tiene sus recursos en México, tiene protección bajo los tratados firmados por México, Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIS), donde a través de procesos de arbitraje, el inversionista puede pedir ser indemnizado por las afectaciones que tendrá por la nueva ley. “La experiencia de estos arbitrajes, es que, lo que le ordenan al gobierno a pagar (a aquellos que se sujetan a este tipo de arbitrajes), es que tiene que pagar al inversionista lo que deja de recibir; donde normalmente las sentencias de esos casos de arbitraje, son de alrededor de 80 por ciento más de lo que se invirtió. Entonces, si la inversión fue de 40 mil millones de dólares, la sentencias serían por el orden de 70 mil millones de dólares”, argumentó. En ese sentido, el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), que pertenece a la Concamin, José Luis de la Cruz, refirió que ese porcentaje de inversión hecha en el país, aunado a la cifra de indemnización sumaría lo equivalente al 6 o 7 por ciento del PIB. “De una primera cuantificación general de lo que podría involucrar en términos de costos para el país, esos 40 mil millones iniciales, más el 80 por ciento, en esencia esto serían afectaciones equivalentes entre el 6 hasta 7 por ciento del PIB, donde evidentemente las finanzas públicas difícilmente podrían enfrentar una situación de esa magnitud”, aseguró. Regulo Salinas recordó que cuando se firmó el T-MEC, dentro del acuerdo existe un apartado que dicta entre otras cosas que Estados Unidos y Canadá, deben recibir al menos lo que México está ofreciendo en otros tratados comerciales; “otra cosa que hay en el T-MEC es, que una vez que abres el sector, no lo puedes cerrar”. “Entonces si México decide cerrar el sector energético, le tienes que compensar a los socios comerciales el cierre del sector energético; al cerrarlo, tienes que abrir otros sectores que le compense a Estados Unidos y Canadá el cierre del sector energético, y será difícil que haya otro sector del tamaño del energético”, afirmó. Agregó que con esta nueva ley va en sentido contrario a las necesidades del país, ya que, si se reduce el número de generadores, y por alguna eventualidad falla, se reducirá la seguridad eléctrica, por lo que resaltó que el ganador con esta reforma es Petróleos Mexicanos (Pemex). “El único ganador aquí es Pemex, porque podrá desplazar el combustible que está generando en las refinerías. Aquí es quemar literalmente el dinero, porque te vas a ir a procesos menos eficientes, al final la gente va a terminar pagando ese mayor precio de la electricidad”, afirmó.
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