Redacción / La Voz de Michoacán México. La obligación del Estado Mexicano de investigar, llegar a la verdad y sancionar cualquier delito por cualquier persona, no puede someterse a una consulta popular, cualquiera que sea la porción de la población que participe. En suma, "no puede consultarse si las autoridades pueden o deben proteger los derechos humanos, pues esa es su obligación". Con estas premisas el ministro Luis María Aguilar busca que se declare inconstitucional la consulta ciudadana promovida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para juzgar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Aguilar Morales es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde el 1 de diciembre de 2009, cuando fue postulado por Felipe Calderón, uno de los expresidentes que forman parte de la lista de posibles futuros enjuiciados. “(…) someter a consulta si la mayoría está de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen, persigan y sancionen los delitos que pudieran ser cometidos por los expresidentes de la República, implica sujetar a la condición o elección de una porción de la población, cualquiera que sea su número, si las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos, pero sobre todo, implicaría desvirtuar la finalidad de la consulta popular que, como derecho humano, busca maximizar la voz de la ciudadanía y fortalecer sus derechos, nunca disminuirlos, como podría suceder si el resultado de una eventual consulta fuera a favor de no investigar, perseguir y sancionar los delitos, lo cual generaría un fraude a la Constitución y al pueblo de México”, indica el proyecto del ministro Luis María Aguilar, el cual será discutido en la sesión del próximo 1 de octubre. La investigación, persecución y, en caso de acreditarse, la sanción penal o administrativa de los expresidentes mencionados, escapa a la opinión y consulta de la ciudadanía mexicana, debido a que en atención al derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas, ofendidos y a las posibles víctimas indirectas de esos supuestos delitos, las autoridades del Estado mexicano se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona —sea un expresidente, exfuncionario o cualquier persona que atente contra el Estado de Derecho y contra los derechos humanos particulares de cualquier persona—, expone el magistrado. Luis María Aguilar recalca que el objeto de la consulta implica que se emita un pronunciamiento sobre la posibilidad de investigar, perseguir sancionar delitos, como desaparición forzada, violaciones sistemáticas de derechos humanos y pérdida de cientos de miles de vidas que, por su naturaleza odiosa de delitos contra la humanidad, son imprescriptibles, según señala el escrito de petición del gobierno federal, pero no se extingue la obligación del estado de perseguirlos. No hay ninguna violación a los derechos humanos El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró no hay ninguna violación a los derechos humanos ni a las garantías de los ciudadanos con la consulta para llevar a juicio a los exgobernantes. Tras conocer el proyecto del ministro Luis María Aguilar de declarar inconstitucional el ejercicio ciudadano promovido por el actual gobierno federal, López Obrador consideró que hay que esperar la resolución definitiva, porque no solo interviene un ministro. A los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les pidió que actúen con estricto apego a la ley, “que no se dejen intimidar, que actúen con criterio, que aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en la leyes, que tomen en cuenta el sentimiento del pueblo”. “En el caso de que se lleven a cabo estos juicios, los tienen que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad, dándole al implicado las garantías de defensa de que no se violen los derechos humanos”, dijo el mandatario.
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