Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Más de 400 servidores públicos se encuentran bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Michoacán, por acusaciones penales de peculado, abuso de poder, negación del servicio público y uso de ilícito de atribuciones y facultades de autoridad, entre otros delitos. Desde el año 2018 y hasta la fecha, los agentes del Ministerio Público en materia anticorrupción han integrado más de 200 carpetas de investigación, que involucran a funcionarios de diversas instituciones como la Secretaría de Finanzas, el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad, incluyendo algunos alcaldes y regidores. Empero, solo hay 28 carpetas judicializadas durante los últimos 3 años. La lucha contra “el mal endémico de la corrupción” no avanza en los tribunales del fuero común porque el Poder Judicial del Estado labora en forma intermitente ante la contingencia sanitaria, por lo que los jueces dan prioridad a las audiencias por delitos penales de alto impacto, postergando los casos de corrupción. Con escaso personal se libra la batalla ministerial contra la corrupción, con solo 4 investigadores y sin ningún perito adscrito, con una dotación presupuestal de 8.7 millones de pesos en el 2021. Aún con esas carencias, la Fiscalía está obligada a armar casos con gran contundencia procesal y con datos de prueba irrefutables. Durante los 18 meses de pandemia por COVID-19, la Fiscalía Anticorrupción no ha suspendido jornadas tendientes a esclarecer hechos delictivos, ordenar la detención de imputados, solicitar peritajes y diligencias, y ejercer acción penal. Sin embargo, el Supremo Tribunal registra sobresaturación laboral, no solo por los paros de los trabajadores de los juzgados, sino también por la suspensión de términos durante varios meses, lo que ha obligado a posponer fechas y reprogramarlas 2 o 3 meses después. Hasta el momento no ha habido ninguna sentencia condenatoria por corrupción, emitidas en audiencias públicas de juicio oral, dentro del nuevo sistema acusatorio y adversarial. No obstante, varias carpetas judicializadas ya se han resuelto a través de la justicia alterna con efectos de sentencia, consiguiendo recuperar casi 5 millones de pesos por concepto de reparación del daño. De acuerdo con el último informe rendido por el fiscal anticorrupción, Alejandro Carrillo, la institución “seguirá las gestiones para robustecer el presupuesto, la plantilla de personal y la infraestructura operativa” con el fin de consolidar las áreas de investigación y litigación, y ampliar la atención de los usuarios. Durante los últimos 18 meses, la contingencia sanitaria ha entorpecido la investigación de delitos de hechos de corrupción. Durante este año la Fiscalía alista un programa para promover la denuncia en línea, instalar buzones de denuncia virtual en los Ayuntamientos y colocar buzones físicos en los 3 poderes. Paralelamente, para acelerar la forma de resolución de las carpetas de investigación, la Fiscalía fomentará soluciones alternas y formas anticipadas de terminación del juicio, siempre y cuando haya reparación integral del daño de la víctima de delitos de corrupción. A los agentes del MP en materia anticorrupción les corresponde investigar la veracidad de los datos aportados en las denuncias o querellas, llevar el mando de la investigación de los delitos, proteger a las víctimas, pedir el pago de reparación del daño, así como determinar el archivo temporal o no ejercer la acción penal. DOS VACANTES BIEN REMUNERADAS Con sueldos de 65 mil pesos mensuales, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del sistema estatal anticorrupción tiene vacante la consejería que ocupó Elvia Higuera Pérez, quien renunció en diciembre del 2020. Asimismo, el período de la consejera Rosmi Bonilla está próximo a concluir en el mes de diciembre. La convocatoria para cubrir la vacante de Elvia Higuera incluye un polémico requisito que busca reducir drásticamente el número de perfiles “con mucho conocimiento”, ya que el Comité Seleccionador (que se integra por 9 miembros honoríficos) exige a los aspirantes tener experiencia acreditada y haber interpuesto denuncias o querellas formales por casos de corrupción, ya sea ante la Fiscalía anticorrupción, ante el Tribunal de Justicia Administrativa o ante los órganos de control interno de las dependencias gubernamentales. PURGAN PERFILES Hasta la fecha no hay éxitos contundentes del corazón ciudadano del sistema anticorrupción Los próximos consejeros del sistema estatal anticorrupción no deben ser perfiles vinculados a la administración pública. Se buscan prospectos experimentados en las tareas de denuncia de los hechos probablemente constitutivos de corrupción El sucesor de Elvia Higuera iniciará el 3 de diciembre del presente año y concluirá el encargo en el año 2025. Desde el 2017 empezó a funcionar el Comité de Participación Ciudadana del sistema estatal anticorrupción, el cual está integrado por 5 consejerías, de renovación escalonada
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