Pese a sentencia de la SCJN, en Michoacán se sigue penalizando el aborto

El estado de Michoacán sigue incurriendo en desacato a lo dispuesto por la Suprema Corte en 2021 y los diputados locales aplazan el tema

Foto: Especial

Arturo Molina / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Desbordan carpetas de investigación por aborto en el estado de Michoacán. A más de un año del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a no criminalizar la interrupción del embarazo, Michoacán se encuentra entre los estados en desacato.

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De enero a noviembre de este año, la Fiscalía General del Estado abrió un total de 27 carpetas de investigación por el concepto de aborto.

La cifra anterior representa un incremento respecto a los 12 meses de 2021, periodo en el que se registraron un total de 18 carpetas de investigación por abortar. En este sentido, aún falta por sumar diciembre de 2022.

Según las cifras compartidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante este año el mes de enero inició con 4 carpetas, febrero 2, marzo 2, abril 4, mayo 1, Junio 3, julio 2, agosto 2, septiembre 2, octubre 4 y noviembre 1.

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Con lo anterior se advierte que prácticamente todos los meses de este año de abrieron carpetas de investigación por aborto, concepto que aún se mantiene en la categoría de delito en el Código Penal del estado de Michoacán con más de 20 años de su última modificación.

Otro de los datos que llaman la atención en el corte del Secretariado refiere a las 375 carpetas de investigación por "otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal". Activistas han señalado que se han aprovechado de este tipo penal para fincar responsabilidades e incluso penas de prisión a mujeres por interrumpir el embarazo.

Sobre el panorama anterior, Circe López Riofrío, directora de Humanas sin Violencia AC, señaló el desacato de las autoridades del Poder Judicial y el Ejecutivo en torno al cumplimiento del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 2021.

Incluso comparó con el caso de Guanajuato, en donde la Fiscalía habría desechado todas las carpetas de investigación sobre el delito de aborto.

"Una cosa son las sentencias de la Corte que han dado los ministros en torno a que el aborto no puede ser prohibido. Hay muchas razones por las que las mujeres abortan. En Guanajuato el fiscal del estado lo que hizo fue cerrar las carpetas de investigación y todos los delitos se están investigando por otras razones. Aquí me parece que la resistencia y la incapacidad de cumplir el fallo son evidentes. Hablan del Estado de Derecho y de portarse bien pero este gobierno ha hecho cosas inadmisibles", manifestó la especialista.

A principios de 2022, colectivos señalaron la existencia de al menos 6 mujeres michoacanas presas por abortar. A pesar de que la Fiscalía negó tales hechos, las organizaciones no quitaron el dedo del renglón en torno a la acusación y la exigencia de liberar a las mujeres.

Incluso, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán se pronunció respecto a la situación de justicia hacia el cumplimiento del mandato de la Corte.

A la dilación anterior se suman las posturas divergentes entre Ejecutivo estatal y los legisladores, quienes no han logrado ni siquiera llevar más allá de las comisiones el polémico tema.

Fue en septiembre del 2021 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció como inconstitucional cualquier sanción penal a una mujer mexicana por la interrupción del embarazo. El argumento de la Corte destacó las condiciones de pobreza, falta de información y violación de múltiples derechos en la acción penal.

Especialistas advirtieron que desde hace más de 20 años no se ha modificado el concepto de aborto en el Código Penal del Estado, por lo que la determinación del tribunal sienta precedentes y órdenes al resto de los poderes del Estado mexicano. Al elevar al rango de “inconstitucional” cualquier proceso legal en contra de una mujer por la interrupción del embarazo, supone una salida para la mujer o persona gestante en términos legales aun cuando la legislación local no se haya actualizado.

A pesar de las necesidades en términos de legislación, el debate en el Congreso de Michoacán no se ha apegado a la determinación de la Suprema Corte y las únicas propuestas que tuvieron alcance refieren a la realización de “encuestas” para conocer el sentir de la población.