Redacción / La Voz de Michoacán Uruapan, Michoacán. La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, calificó de "aberración jurídica" y "discriminación inaceptable" la reciente resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), el cual se declaró incompetente para sancionar al senador Gerardo Fernández Noroña por presunta violencia política de género. A través de sus redes sociales, la alcaldesa expresó su indignación tras el fallo que, con una votación dividida, desestimó el Procedimiento Especial Sancionador que ella misma inició contra el legislador federal. La mayoría del tribunal, bajo el proyecto de la magistrada Yurisha Andrade, argumentó que el TEEM no tiene competencia legal en el caso debido a que la alcaldesa no fue electa por voto popular, ya que asumió la Presidencia Municipal de Uruapan tras ser designada por el Congreso del Estado, derivado de la ausencia definitiva de su esposo, Carlos Alberto Manzo, quien fue víctima de homicidio en noviembre del año pasado. Según la resolución impugnada, al no haber pasado por las urnas, Quiroz no gozaría de los mismos derechos político-electorales que un funcionario electo. “Para la mayoría del TEEM, existen servidoras públicas de primera y de segunda clase. El Estado me exige cumplir con el 100% de las obligaciones... pero me niega el 100% de mis derechos para defender mi dignidad”, sentenció la alcaldesa. La confrontación entre Quiroz y Fernández Noroña no es nueva. La denuncia por violencia política en razón de género surge a raíz de una serie de descalificaciones y señalamientos públicos realizados por el senador, los cuales la alcaldesa describe como un "sistemático acoso y misoginia". Quiroz denunció además un trasfondo de coacción en el tribunal local, insinuando que la magistrada Andrade emitió el fallo por temor a represalias directas del Senado de la República. A pesar del fallo mayoritario, la alcaldesa destacó los votos particulares de las magistradas Alma Bahena Villalobos y Ameli Gisell Navarro Lepe, quienes se opusieron a la decisión. El argumento de la defensa, apoyado por estas magistradas, es el de la "equivalencia funcional": Si una funcionaria tiene el 100% de las responsabilidades del cargo, debe tener el 100% de las protecciones legales, independientemente de si su origen fue una elección o una designación por suplencia tras una tragedia. La presidenta municipal de Uruapan confirmó que la batalla legal continuará en instancias federales. El caso será llevado ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), buscando que se revierta el criterio local y se siente un precedente sobre la protección de mujeres en cargos de suplencia. “No vamos a permitir que el origen de mi cargo sea utilizado como un escudo de impunidad para tolerar la violencia política”, concluyó Quiroz.
La Voz de Michoacán
