Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Mujeres víctimas de la violencia en sus hogares han sufrido de revictimización y otros actos de violencia de género por parte del Ayuntamiento de Chilchota. Colectivos han denunciado la situación que viven las mujeres y en términos generales señalan que la problemática se ha agudizado en esta región indígena. Desde el mes de junio se recurrió al Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación (Coepredv) por las acciones del alcalde de dicha demarcación, Eduardo Ixtla Álvarez. Los casos registrados preocupan, señalan los colectivos: mujeres que sufrieron de intimidación y violencia al interior de sus hogares y no fueron atendidas por la autoridad municipal. El colectivo Humanas Sin Violencia denunció que han documentado que existen acciones de intimidación y coacción en contra de las mujeres que son violentadas al obligarlas a firmar convenios de conciliación para que regresen a sus casas y permanezcan con sus maridos, aun cuando éstas enfrentan múltiples maltratos y agresiones realizadas por sus parejas y sus familias, lo que no sólo no resuelve la problemática, sino que las coloca en una situación de riesgo mayor. Foto: Archivo, Notimex. Otro de los temas que preocupó es que se emplea la fabricación de falsos delitos como “el abandono de hogar”, para obligar a las mujeres mediante engaños, violencia verbal e institucional a regresar a la casa de la que huyeron intentando escapar de las situaciones de violencia y discriminación, ante lo que el Ayuntamiento de Chilchota ha sido completamente incapaz de generar apoyo, acompañamiento y asesoría, prefiriendo siempre la conciliación de la víctima con el victimario. La situación escaló a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en donde esta misma semana se emitió la instrucción a la visitadora regional de Zamora para que investigue los hechos de violencia contra las mujeres. El gobierno de Chilchota cuenta con un plazo de 24 horas para dar cumplimiento al requerimiento de este organismo. Ante estos hechos, como acción inmediata la CEDH emitió medidas precautorias de protección a las afectadas, indicando al presidente municipal de Chilchota, Eduardo Ixtla Álvarez, gire las instrucciones necesarias al personal de sus distintas áreas, “a fin de que se garantice un trato digno y respetuoso a la ciudadanía, en especial a las mujeres indígenas, evitando cualquier tipo de discriminación, revictimización, así como para que se les brinde la atención y asesoría jurídica necesaria, garantizando en todo momento el acceso a la justicia y el derecho de las víctimas”. Violencia contra mujeres indígenas, latente Según especialistas, el sistema de usos y costumbres que rige la vida política, social, económica y hasta sexual en los municipios indígenas en todo el país perpetúa el régimen patriarcal que deja a las mujeres en condiciones de inequidad y marginación, al punto que las niñas y mujeres que reciben algún tipo de abuso por parte de la comunidad o las autoridades comunales optan por no denunciar a los agresores. Lo anterior va acompañado de una escasa representación de mujeres en los consejos comunales indígenas del estado y, sobre todo, de los liderazgos al interior de los hogares y las familias. En todos los organismos la participación de las mujeres se ha visto reducida a partir del ingreso de los llamados usos y costumbres. En estudios recientes, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) señaló que varones indígenas establecen pactos entre ellos, familiar y comunitariamente, para poder dominar a las mujeres indígenas. De esos pactos patriarcales surge el poder que está ligado a la violencia que ejercen sobre las mujeres. Ésta se encuentra legitimada cuando se da un proceso de cosificación de la mujer que implica la negación de su voluntad y, consecuentemente, una naturalización de la violencia y prácticas tradicionales que les son perjudiciales. La violencia que se presenta en el ámbito indígena se esconde tras el respeto a sus usos y costumbres, lo que conlleva a no denunciar y a atestiguar silenciosamente la violencia que sufren las mujeres. Se ha destacado que en un marco de respeto al pacto federal y a la unidad de la nación mexicana, los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán pueden regirse por sus sistemas normativos si así lo desean, los cuales no podrán contravenir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la del Estado de Michoacán de Ocampo y las leyes secundarias que de ellas emanen, por lo que en la teoría –porque en la práctica no sucede así- los usos y costumbres no deberían perpetuar la violencia machista que siguen padeciendo miles de mujeres en la Meseta Purépecha y otras zonas de asentamientos de etnias originales.
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