Amparo, la opción para garantizar derecho a la salud ante incertidumbre por el Insabi, señala especialista

Los derechos de los ciudadanos no pueden quedar suspendidos mientras transcurre un proceso administrativo de adecuación, como en el caso del Sector Salud, por lo que la protección legal es factible y aplicable

Foto: Especial

Juan Bustos / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Ante los problemas que se han generado por la desaparición de Seguro Popular al entrar en funcionamiento Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en términos de la cobertura de salud, sobre todo para tratamientos para niños con cáncer, una opción es la protección de la justicia federal a través del recurso de amparo, expuso Gumesindo García Morelos, investigador y director de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

En entrevista con la Voz de Michoacán, el especialista indicó que el diseño del Insabi es importante en el sentido del derecho humano al acceso a la salud universal; “el diseño administrativo lo considero, que mientras pueda ofrecer un mayor acceso a los grupos vulnerables, es positivo”, dijo.

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Sin embargo, tras la desaparición del Seguro Popular y la universalización de los servicios de salud para los gobiernos estatales ha existido incertidumbre ya que no existen noticias en torno al financiamiento suficiente en Michoacán, debido a que hay la obligación de atención para 3.1 millones de personas frente a 2.1 millones que atendía el Seguro Popular, con un presupuesto de 2 mil 700 millones de pesos.

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Debido al mandato constitucional tras la reforma a los servicios de salud, particularmente al 77 Bis, se señala en cuestiones generales que toda la población tiene derecho a recibir la atención totalmente gratuita y progresiva en las clínicas y hospitales del sector público.

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Sin embargo, Gumesindo García indica que la transición del Seguro Popular al Insabi no tiene que ser pretexto para no ofrecer el servicio médico, asimismo detalló que, por ejemplo, los amparos ganados a las autoridades de salud para la atención en el Seguro Popular siguen vigentes.

En este momento, apuntó que con las personas que recibían su tratamiento en el Seguro Popular y que pudiera verse interrumpido por estos desfases económicos, existen distintos caminos judiciales.

“El primero es el juicio de amparo, que podría tutelar personas de manera individual o grupal, por ejemplo, el desabasto para niños que tengan leucemia, que esté agotado el medicamento o la falta de presupuesto, los jueces federales tienen la facultad de requerir la gestión de presupuesto”.

Detalló que el juicio de amparo es el instrumento más importante con el que cuenta el ciudadano frente al poder público en caso de que no tuviera una buena respuesta por parte de los órganos internos, “ya que se podría solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitar medidas cautelares para grupos de personas que se vean afectados”.

Explicó que la Comisión Interamericana recibe este tipo de peticiones cuando se alega un riesgo irreparable, urgencia y la gravedad, por lo que en el tema de salud se cumplen estos supuestos y por lo tanto es factible que pueda llegarse a esas instancias.

Aseveró que los derechos son exigibles de inmediato y no pueden quedar suspendidos a que transcurra un proceso administrativo de adecuación, ya que ello pone en riesgo la vida de las personas, por lo que la transición no es pretexto para el cumplimiento del servicio.

Reiteró que la vía legal del amparo es una opción muy viable para las personas que reciben tratamientos para el cáncer, VIH y enfermedades renales, “son temas que se puede plantear como violación a de los derechos humanos”.