Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Como parte de la estrategia para aumentar los índices de verificación vehicular en el estado de Michoacán, la Mesa de Seguridad Ambiental ya alista adicionar “dientes” a las medidas de coerción a la ciudadanía. Además de multas, se podrá requerir la retención de documentos oficiales o placas vehiculares que garanticen que la ciudadanía pagaría las infracciones en caso de no portar el holograma L, con lo que en la práctica la verificación por fin tendría su carácter de obligatoria. Y es que si bien la verificación se estableció como obligatoria desde 2019 y se tabularon infracciones tanto para quienes no porten el holograma L como quienes conduzcan vehículos ostensiblemente contaminantes, se han advertido conductas de desacato a las autoridades de Tránsito derivado de la legislación local y de la prórroga en multas. Desde 2017, el Congreso de Michoacán restringió a elementos de Tránsito, tanto estatales como municipales, la facultad para retener placas, tarjetas de circulación o permisos de conducir como garantía del pago de infracciones. A partir de esta decisión, el pago de las infracciones tanto por temas de Tránsito como por temas ambientales ha tenido una percusión directa. En entrevista para La Voz de Michoacán, Juan Carlos Vega Solórzano, titular de la Procuraduría Ambiental (ProAm) de Michoacán, destacó que se han tenido avances para este año en materia de verificación vehicular al triplicar la cantidad de vehículos respecto a 2018. No obstante, reconoció que, en comparación con el parque de 532 mil automóviles de Morelia, los 33 mil verificados siguen resultando bajos en cantidad. Por lo anterior destacó que se buscará que por medio del Congreso local se establezcan reformas para dotar de medidas coercitivas a los operativos. En lo que va del año se han realizado operativos únicamente de apercibimiento, en los cuales, se ha detectado que aún existen automóviles ostensiblemente contaminantes circulando por la capital michoacana. “Sigue el reto de que los legisladores puedan contribuir con las autoridades ambientales a revertir el tema negativo; de la sanción, se continúa con la estrategia de apercibimiento sin hacer coercitivo el programa hasta el momento. Sin embargo, las condiciones pueden cambiar, porque aún no es un hecho con la próxima publicación en el Periódico Oficial del Programa de Verificación. Vamos en la ruta correcta y vamos creciendo en verificación”, señaló. La multa establecida para este año para quienes circulen en vehículos que no porten el holograma L, será de al menos mil 600 pesos, en tanto que por circular en automóviles ostensiblemente contaminantes y sin otros requisitos se irán acumulando en multas que podrían implicar sumas más considerables. Si bien desde enero de este 2019 la verificación se cataloga como obligatoria, el gobierno de Michoacán ha reconocido la necesidad de iniciar con la concientización de la población y un aumento gradual en la cantidad de vehículos que pasan por los centros de verificación. Si bien se ha aumentado la cantidad de automóviles, aún quedan bastantes por verificarse. “Necesitamos regresar a retener placas, tarjetas, porque si bien ha habido buena respuesta, con triplicado de las cifras de más vehículos verificados con 11 mil en 2018, estamos contentos, pero finalmente consideramos que es importante que la ciudadanía sepa que ya se les dio un plazo muy considerable, 7 meses de apercibimiento, y para el próximo año ya no sean 33 mil, sino que sean 66 mil unidades de verificación. Queremos que se modifique en este sentido y aplicar medidas de seguridad”, manifestó. Durante la segunda mitad de este año se puso sobre la mesa la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental en el Congreso del Estado, la cual contempla la idea de que se saquen de circulación los vehículos ostensiblemente contaminantes y que no hayan sido verificados como sí pasa en otras entidades. La propuesta presentada ante el Legislativo local daría facultades a la Secretaría de Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Territorial para que establezca medidas de control en el tema de verificación, en tanto que la Procuraduría Ambiental de Michoacán, en coordinación con la Dirección de Tránsito Estatal, estarían encargadas de la inspección vigilancia para evitar que automóviles sin verificar y ostensiblemente contaminantes, circulen por todo el estado. Al respecto, la Mesa de Seguridad Ambiental ha reconocido que tal medida sería prácticamente imposible de aplicar bajo el marco legal actual y con los recursos económicos con los que cuentan las dependencias estatales responsables de aplicar y verificar que se cumplan estos programas ambientales.
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