Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción impugnará la determinación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán en torno a denuncias por enriquecimiento ilícito en exfuncionarios michoacanos presuntamente ligados a la empresa internacional Odebrecht. La Fiscalía ha determinado desestimar las denuncias contra los señalados y las ha calificado como prescritas. En este caso, los argumentos por los cuales no se aceptó la denuncia fueron por señalar prescripción en el proceso, así como la falta de autoridad del comité integrado por ciudadanos. Fue en noviembre de 2019, cuando los integrantes de organismo ciudadano presentaron la denuncia de hechos y exigieron una investigación. En total, son dos exfuncionarios del gobierno del estado de Michoacán que fueron señalados por recibir recursos sin comprobar la procedencia. Uno de los depósitos bancarios fue en el 2008 por 500 mil dólares, un segundo de 7 mil euros en el 2011 y uno de 280 mil dólares. Cifras que en conjunto superan a varios millones de pesos. En este contexto, aseguraron que ninguno de los implicados pudo demostrar de donde provienen los recursos antes mencionados. Foto: Cortesía. El caso de presunta corrupción ligada a Odebrecht fue frenado legalmente en el estado de Michoacán, mientras que a nivel nacional siguen destapado inconsistencias en la contratación de obra pública e irregularidades. En entrevista, Elvia Higuera Pérez, presidenta del comité, aseguró que es lamentable que desde las autoridades estatales de procuración y fiscalización de justicia se incurra en obstaculizar casos en donde se observan actos de corrupción. Aseguró que los actos de esta naturaleza son competencia de todos los ciudadanos al afectar el interés común y público de cada uno de los contextos. Como parte de las medidas implementadas por el Comité, estará impugnar la consideración de la Fiscalía estatal ante una de las obras que han sido consideradas como “monumento a la corrupción”. “Presentamos una denuncia ante la Fiscalía para que se hiciera la investigación. En el mes de mayo la Fiscalía nos determina el acuerdo de ejercicio de no acción penal con base en dos elementos. La Fiscalía considera que el Comité no tiene facultades para presentar la denuncia, desconociendo este derecho legítimo de cualquier ciudadano que tiene una afectación por corrupción y puede denunciar. El segundo tema es la prescripción, en donde señala que ya había prescrito el hecho por enriquecimiento ilícito”, aclaró. Michoacán es el único estado del país e incluso del mundo en donde los actos de corrupción de Odebrecht y los tentáculos de sobornos que extendieron para conseguir accesos a recursos públicos no han llegado a tener consecuencias. Mientras que en países como Andorra y Brasil ya hay exfuncionarios en prisión, en Michoacana las carpetas de investigación, las auditorías y otros procesos locales poco o nada han avanzado. A decir del Comité, preocupa que, a pesar de las evidencias presentadas en los últimos meses, la Auditoría Superior de Michoacán no ha presentado una sola denuncia o proceso legal en contra de funcionarios de la administración estatal que comprendió en la construcción de la Presa Francisco J. Múgica. Durante 2018, medios nacionales dieron cuenta de que la Policía de Andorra detectó transferencias del “departamento de sobornos” de Odebrecht a un funcionario para la construcción de la presa. En este contexto, se detectó que fue en los periodos en los que gobernaron Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, el primero, hoy coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, y en el caso de Godoy Rangel, como allegado a la cúpula partidista de Morena. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado ante medios nacionales que se revisará este y otros casos de obras en el país que se encuentran destacadas con presuntos actos de corrupción. En su rueda de prensa mañanera, el nombre de Gabriel Mendoza Jiménez, quien fue funcionario relacionado con la obra, fue destacado por periodistas. Al respecto, el presidente se comprometió a tomar nota y a turnar a la Secretaría de la Función Pública este y otros casos. La Presa Francisco J. Múgica se comenzó a construir en 2007 y se concluyó hasta el año 2009. El contrato con Odebrecht fue firmado el 29 de noviembre de 2006 por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, bajo la condición de que estaba garantizado que el costo de la obra no se incrementaría. La principal conjetura es que el costo de la construcción se duplicó en poco tiempo a pesar del avance continuo de los trabajos. Medios locales y nacionales han documentado la participación de funcionarios que, en su momento, trabajaron en el gobierno el experredista y ahora morenista Leonel Godoy. Los señalamientos han surgido por todos lados. Se presume que cuando se entregó la obra hace casi 10 años, la construcción estaba incompleta, con fallas, deficiencias en la estructura y el diseño que tuvieron que ser atendidas por las administraciones siguientes. Originalmente la obra debió haber concluido en octubre de 2008 con un costo de mil 500 millones de pesos, pero fue entregada hasta inicios de 2013 a un costo de dos mil 915 millones de pesos.
La Voz de Michoacán
