Notimex / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Si bien hay varios puntos de diagnóstico acertado, la Ley Federal de Austeridad Republicana parece más un documento de “aspiraciones políticas”, toda vez que incluye muchas medidas difíciles de precisar, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Tiene como objeto "cambiar prácticas no deseables, denotadas con calificativos imprecisos que se pretende sean ordenamientos jurídicos, como desigualdad social, avaricia y despilfarro de los bienes y recursos nacionales”, expuso. La iniciativa fue aprobada a principios de julio en el Senado para poner límites al gasto y establece que los ahorros serán destinados a los programas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) o al destino que por decreto determine el Ejecutivo federal. No obstante, consideró que darle explícita y personalmente la discrecionalidad de reasignación al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin siquiera mencionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no parece una buena práctica bajo ningún punto de vista. Hacienda tiene inherentemente la responsabilidad de jerarquizar las presiones de gasto que aparecen de manera inexorable durante el ejercicio del presupuesto y las debe manejar de acuerdo con su importancia. “Es inadecuado e incluso irresponsable privilegiar a programas del PND o de las prioridades presidenciales”, remarcó.
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