Maricruz Rios/ La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Sólo uno de cada diez michoacanos recibirá reparto de utilidades. La prestación, aunque vigente en la Ley Federal del Trabajo y los contratos a los empleados, tiene un rango mínimo de personas a ser susceptibles a la misma debido a diferentes circunstancias que moldean la dinámica laboral en el estado y en buena parte del país. De entrada, se tiene que descontar al empleo informal, que aglutina al 70% de la economía en la entidad y por ende no proporciona esta prestación; a los trabajadores del gobierno y los temporales; a muchas de las micros y pequeñas que dan trabajo a tres cuartas partes de la Población Económicamente Activa, pero que no generan ganancias, y al outsourcing, cuyos trabajadores no reciben el fruto de las ganancias de la empresa en donde se desempeñan, sino de la que forman parte. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cierre del cuarto trimestre del 2017, en el país sólo reciben reparto de utilidades entre 12.5 al 16.2% de los trabajadores, dependiendo en gran medida de la labor que desempeñan, la ciudad donde lo hagan y la empresa para la cual trabajan. Gabriel Gutiérrez Arreola, presidente del Colegio de Contadores del Estado de Michoacán (CCPM), explica que el reparto de utilidades es un derecho constitucional que está consagrado en el artículo 123 de la Carta Magna del país, en lo correspondiente de la Ley Federal del Trabajo. Esta prestación corresponde al 10 por ciento de la utilidad de la empresa dividido entre los trabajadores de la misma”, explica, “y la obligación de pagarlo es en el mes de mayo para las sociedades o personas morales, mientras que para las personas físicas el plazo es hasta el 30 de junio”. El especialista en la materia ahondó que a partir de 2013 es deducible el reparto de utilidades de los impuestos, “entonces eso generó que la empresa la haga con más gusto”, porque de esta manera se disminuye los pagos tributarios por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Por eso, aseguró, “pocas empresas y patrones dejan de pagar el reparto de utilidades.” Sin embargo, el tema del pago de utilidades no necesariamente es un tema de voluntad o una falta de cultura fiscal, sino que obedece a una dinámica estatal en donde la mayoría de las personas ocupadas lo están en el sector informal, temporal o en la subcontratación. En este sentido, Gutiérrez Arreola planteó que “las empresas que son más susceptibles a generar un porcentaje más alto de utilidades son las que están en el ramo de agricultura, porque es el sector económico con más potencial”, aunque aquí es donde existe ya una situación a tomar en cuenta, pues de las compañías que operan en el campo michoacano no tienen a todos los trabajadores registrados, además de que hacen demasiadas contrataciones eventuales, que no logran superar los 60 días laborados, uno de los requisitos para poder acceder al reparto de utilidades. Para más información consulte la edición impresa del 21 de mayo
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