Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Deuda con proveedores michoacanos alcanza 7 mil millones de pesos al cierre de la administración estatal, con una clara imposibilidad de liquidar los pagos. Los números rojos serán heredados en gran parte a la siguiente gestión estatal ante lo abultado de la cifra que se ha ido acumulando con el paso de los años y de los gobiernos locales. En voz de Carlos Maldonado Mendoza, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), en 2015 la administración de Silvano Aureoles Conejo recibió una deuda con proveedores de hasta 14 mil millones de pesos. Aseguró, a pesar de los esfuerzos, únicamente se logró contener un 50 por ciento de los pendientes. Son cientos de empresas prestadoras de servicios las que han resentido el impacto de la falta de pago por parte del Gobierno de Michoacán por adeudos que incluso siguen pasando administración tras administración sin que se les solventen los pasivos. Incluso, advierten la quiebra financiera de una cantidad no especificada de negocios locales en distintos rubros por la falta de pago del ejecutivo estatal, como las empresas dedicadas a la impresión y artes gráficas. La deuda con proveedores es un pasivo circulante que debe de andar en alrededor de 7 mil millones de pesos. Ahí seguramente vamos a heredar una parte. Cuando el gobernador recibió en el 2015 eran 14 mil millones de pesos” Carlos Maldonado Mendoza, secretario de Finanzas de Michoacán “Veo difícil que la terminemos de pagar. Sí les estamos terminando de pagar a proveedores menores, pero seguramente se quedarán muchos para la siguiente administración”, manifestó el titular de Finanzas del estado en entrevista con medios de comunicación. Michoacán ha sido advertido como uno de las entidades con mayor opacidad en cuanto a la adquisición de la deuda a corto y largo plazo. Organismos internacionales y nacionales han señalado a la actual administración sobre el impacto económico que han provocado a nivel local con su tendencia de no pagar. Se tiene conocimiento de empresas que prácticamente todos los días estarían buscando en las ventanillas de la Secretaría de Finanzas información sobre la liberación sobre los recursos que se les deben desde hace años y que se las ha comprometido. Debido a la renuncia de las autoridades, no se conoce ni siquiera el espectro del daño, si bien apenas en abril del año pasado el Ejecutivo estatal comprometió pagar a la brevedad como dinámica para paliar la crisis por la pandemia. Ante la pandemia por COVID-19, uno de los compromisos del Gobierno de Michoacán fue el liquidar todas las deudas contraídas con empresas locales. Incluso, el gobernador Silvano Aureoles Conejo reconoció que era urgente cambiar la imagen y el concepto de mal pagador en el que se tenía a la administración pública estatal: “Hay quienes ya no quieren ni venderle ni rentarle al gobierno porque dicen que no pagan. Hay que cambiar esa imagen”, dijo en aquel momento. Desde la Comisión de Hacienda del Senado de la República también se han hecho señalamientos respecto al endeudamiento y la opacidad en la que se mantienen gobiernos estatales. “Se ha observado un deterioro sistemático en las finanzas públicas de entidades federativas y municipios, debido al creciente endeudamiento en el que habrían incurrido gobiernos estatales e incluso municipales”. RISPIDEZ POR TRANSICIÓN Desde hace al menos 3 semanas el gobierno electo de Alfredo Ramírez Bedolla inició con su propio proceso de transición ante la falta de dialogo con las autoridades del gobierno saliente del estado. La fecha límite es el próximo 15 de agosto, apenas 45 días antes del relevo en el ejecutivo estatal. Los señalamientos no han faltado. El Gobierno entrante denuncia una gran cantidad de adeudos a corto plazo, así como con proveedores que no han sido transparentados a la opinión pública. Incluso, la postura de Alfredo Ramírez Bedolla fue la de recurrir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para colaborar en el proyecto de transición y aclarar los recursos. La respuesta de Maldonado Mendoza respecto a los pasivos y la falta de transparencia fue el argumentar que la deuda a corto plazo (con trabajadores del Estado) fue solventada desde hace meses con un pago cercano a los 200 millones de pesos, no obstante, el pendiente de los números rojos con las empresas locales volverá a pasar a manera de estafeta a la gestión 2021-2024. “Se pagó en tiempo y forma tal como lo establece la ley de disciplina financiera que habla que deben ser 3 meses antes de que concluya el mandato constitucional y la última exhibición fueron de cerca de 180 millones de pesos. La deuda de corto plazo es institucional, con bancos, que se contrató en 2016 tal como se establece la ley”, refirió el titular de la SFA.
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