Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Truenan organizaciones de la sociedad civil contra el dictamen para actualizar la Ley Ambiental del Estado de Michoacán. Activistas denuncian que la propuesta generada por el Ejecutivo estatal y adicionada por legisladores no contempla las necesidades básicas para contener la problemática ecológica del estado. Calificaron este dictamen como un “documento con fines recaudatorios” que, lejos de contener el daño al medioambiente, facilita a las empresas dañar los ecosistemas a cambio de multas, concesiones o permisos. A un año de que el dictamen es revisado en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, las organizaciones acusan que incluso se les ha dejado fuera de la revisión de la propuesta del gobierno del estado. El activista moreliano Moctezuma Madrigal calificó como “antiambiental” el dictamen que se trabaja en el Congreso. En este punto específico señala opacidad en las sanciones, las cuales no son especificadas en el documento. “Se sigue permitiendo esto y significa que se seguirían agarrando terrenos, vulnerando Áreas Naturales Protegidas, cualquier inmobiliaria, aguacatera o de cualquier tipo las van a comprar. Se van a reglamentos que no existen, no hay sanciones, no dice quién castiga ni cómo. Denunciamos esta ley antiambiental y queremos que se cancele para que den paso a una donde participen los ciudadanos", explicó. Uno de los temas que más preocupan son las Áreas Naturales Protegidas, las cuales han resentido en últimos años la incapacidad institucional de poder reducirlas con el argumento de urbanismo u obra pública. En este contexto, la doctora Patricia Ávila, investigadora de la UNAM Campus Morelia, refirió la preocupación por el impacto ambiental de leyes que se han basado en la recaudación y no en la protección. Preocupa la discrecionalidad con la que se han manejado los fondos ambientales y por la forma en la que se manejaría la recaudación a partir de los recursos provenientes de esta ley. “La gente no tiene injerencia y está sujeta a la discreción. El fondo ambiental es una caja chica para desviar a cuestiones electorales. Otro tema gravísimo es el seguro ambiental, compras el seguro y, si hay daño, que pague el seguro. El que contamina paga, y es un asunto económico mal hecho de la mercantilización del medio ambiente”, explicó la investigadora. Desde el sur de Morelia, el activista Julio Santoyo denunció la falta de inclusión d fenómenos como los cañones antigranizo, la pérdida de terrenos a la población por problemas económicos e incluso la falta de condiciones para el aprovechamiento sustentable. “Se utilizan causas lineales, no miden nada, termina generando la utilización de todo tipo de tecnologías que dañan al medioambiente. El principio de precaución es dirigido a los diputados y diputadas que deben asumirlo como tal para que la ley esté completa y evite lo que ya está pasando. Tiene que ver con los cinco puntos críticos de las plantaciones forestales”, explicó. Ha sido el mismo gobierno de Michoacán y los legisladores locales los que han señalado la problemática en cuanto al tema ambiental como algo urgente de atenderse, pero sin que la preocupación se materialice. Desde la última actualización de la Ley Ambiental del Estado de Michoacán en 2014, los delitos de esta índole se consideran como “no graves”, por lo que con el Nuevo Sistema de Justicia Penal difícilmente se logra procesar o encarcelar a quienes año con año incendian o talan los bosques, selvas y terrenos forestales del estado. La situación cada día es más compleja para los ejidatarios de los bosques michoacanos en el tema de preservación. Desde 2019 Michoacán ha quedado fuera de los programas ambientales de la Federación, por lo que la Mesa de Seguridad Ambiental ha precisado la necesidad de que se instauren mecanismos para preservar los ecosistemas forestales y selváticos del estado. Desde finales del año pasado los legisladores se comprometieron a “sacar” la nueva propuesta. Hasta el momento el paquete de ley sigue siendo discutido en la Comisión de Medio Ambiente, la cual es presidida por la diputada Mayela Salas Sáenz.
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