Agencias / La Voz de Michoacán Estados Unidos. Los fiscales que acusaron a Genaro García Luna de tráfico de cocaína solicitaron al juez Brian Cogan que haga ciertas indicaciones al jurado antes de que comience a deliberar para determinar la culpabilidad o no del funcionario. "El gobierno respetuosamente envía las siguientes peticiones suplementarias para indicarse", se lee en la carta. “Por favor, recuerde que el gobierno no está enjuiciado y les instruyo a que no hagan caso a cualquier argumento que hayan indicado lo contrario”, es una de las indicaciones que solicitan los fiscales para el jurado, pues aseguran que la defensa ha señalado que este juicio se trata de un acto de venganza en contra de quien fue “un colaborador estratégico”. También pidieron, por ejemplo, que no deben dejarse confundir por los argumentos de los abogados de García Luna sobre disparidades por beneficios carcelarios para algunos narcomenudistas, en comparación con los grandes capos que testifican contra su cliente, pues estos últimos han tenido mejores oportunidades para, por ejemplo, salir de prisión. Quieren que el juez Cogan les explique que hay varios factores que influyen en este tipo de decisiones. En un sentido similar, quieren que se explique al jurado que algunos testigos colaboradores tienen beneficios extra, como la relocalización de sus familias en Estados Unidos debido al peligro que enfrentan por posibles venganzas por sus declaraciones. Pidieron que también ignoren argumentos de que algunos testigos, como el ex fiscal Edgar Veytia, no recibieron acuerdos de colaboración previos porque la información de la que hablaban no había sido corroborada y que tampoco den por hecho que García Luna recibió una defensa de oficio, como muestra de que no recibió sobornos del Cártel de Sinaloa, pues, de hecho, "el gobierno sabe que aproximadamente un año antes del arresto del acusado, pagó más de 4 millones de dólares en efectivo por varias propiedades en Miami, Florida". Y finalmente, pidieron que Cogan detalle cómo se entregan las cartas de reducción de sentencia, en las que será alguien como él, un juez, quien determine si es justo otorgarles beneficios carcelarios.
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