Redacción / La Voz de Michoacán La fiscalía de Estados Unidos acusa al exsecretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, de cuatro delitos, tres de narcotráfico y uno de lavado de dinero, por los que deberá rendir cuentas en un juzgado de Nueva York. De acuerdo a información de El Universal, los delitos se cometieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, e incluyen manufactura, distribución e importación de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, además de lavado de dinero de todos los beneficios conseguidos con el tráfico ilícito de esas sustancias. Los documentos señalan que a Cienfuegos lo identifican con el alias "El Padrino", sin embargo no da detalles sobre cómplices, testigos o hechos concretos en que se basa la acusación, lo que es común en un indictment, que usualmente sólo menciona los cargos y datos generales. Cienfuegos fue arrestado este jueves a petición de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el aeropuerto de Los Ángeles, donde viajó con su familia. La investigación que habría llevado a las autoridades hasta el general en retiro llevó por nombre “Operación Padrino” e inició hace aproximadamente 10 años. Duro, popular, polémico De semblante duro y aparentemente imperturbable, Cienfuegos era considerado uno de los militares más influyentes del Ejército, aunque sus seis años a la cabeza de la institución lo pusieron en el centro de varias polémicas. Las que quedarán en el imaginario colectivo son la tragedia de Ayotzinapa y la matanza de Tlatlaya. Aunque según la primera versión oficial de los hechos, hoy defenestrada, el Ejército nunca tuvo participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la sombra del delito siempre persiguió a esta institución. En un primer momento, Cienfuegos mostró su predisposición a que los militares del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, prestaran declaración. Pero en sus años en el cargo ni un militar fue imputado pese a reiteradas peticiones de familiares y los expertos independientes de la CIDH. En octubre de 2010, Cienfuegos dijo que los soldados que estuvieron en la zona no tenía "por qué declarar" ante el grupo de expertos de la CIDH que investigaba los hechos, porque solo responden ante "las autoridades mexicanas". No fue hasta este septiembre, cuando se cumplieron seis años de la tragedia y bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que se anunciaron ordenes de captura contra militares por el caso. Bajo el paraguas de Cienfuegos también se cometió la matanza de Tlatlaya.En la madrugada del 30 de junio de 2014, 22 personas fueron asesinadas por soldados en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, colindante con la capital mexicana. Según la versión oficial del Gobierno, los fallecidos eran presuntos delincuentes muertos en un choque con militares. Pero un posterior informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que los militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos.
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