Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. A pesar de la crisis sanitaria de 2020, los estados gastaron 2% menos en salud en comparación con 2019. Otros recortes se dieron en educación (-2%) y seguridad pública y justicia (-6%), revela el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El organismo analizó cómo y en qué gastaron los estados, además de evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia contable, y detectó que, en promedio, las entidades del país destinaron 34% de sus recursos a educación, 14% a salud y 9% a seguridad pública y justicia durante el año pasado. El resto de los recursos se destinaron a otras partidas como turismo, transporte, comunicaciones, ciencia y protección ambiental. En medio de la crisis sanitaria, algunos estados gastaron por encima de lo presupuestado para traslados y viáticos de funcionarios públicos (Guerrero 902%, Nuevo León 87% y Baja California 39%). Para este ejercicio, el IMCO analizó el cumplimiento contable de las entidades, es decir, la adopción de un “lenguaje único” en la información financiera, para lo cual revisó 2 mil 304 documentos del ejercicio fiscal 2020. Este año los gobiernos estatales cumplieron con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en un promedio de 87% para reportar sus gastos de 2020. El IEEG, que permite monitorear y comparar las prioridades del gasto público, reveló que en el año en el que inició la pandemia, las entidades no modificaron sus prioridades acorde a la coyuntura de la crisis de salud. Esto propició un mal uso de los recursos públicos y dejó sin atender las verdaderas prioridades. https://twitter.com/imcomx/status/1450495216570486790 Durante años, los estados han gastado por encima de lo aprobado en sus presupuestos, lo que implica un error de planeación presupuestal. En 2020, la crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19 pudo haberlos obligado a gastar diferente. Sin embargo, no se detectó un reordenamiento en las prioridades. En 2020, los poderes ejecutivos estatales destinaron en promedio 34% del total de sus recursos a educación, 14% a salud y protección social en salud, y 9% a seguridad pública y justicia. PRINCIPALES HALLAZGOS En educación, los 32 estados gastaron 31 mil 25 millones de pesos más de lo presupuestado. Los estados que gastaron más de lo originalmente aprobado fueron Michoacán (19%), Tlaxcala (19%) y Zacatecas (17%). En salud y protección social, los estados ejercieron 26 mil 25 millones de pesos más de lo que aprobaron sus congresos locales para 2020. Baja California redujo su gasto en 18% en comparación con 2019. En seguridad pública y justicia, los estados destinaron 18 mil 369 millones de pesos menos recursos de lo aprobado originalmente. Las entidades que tuvieron una variación más alta en su presupuesto con respecto a lo aprobado fueron Coahuila (62%), Nayarit (16%) y Tamaulipas (16%). En comparación con 2019, Chiapas redujo su gasto en un 46%. A pesar de las medidas de distanciamiento social, algunos estados ejercieron más de lo presupuestado en traslados y viáticos de funcionarios públicos. Cuatro estados ejercieron más del 30% del presupuesto aprobado para este rubro: Guerrero (902%), Nuevo León (87%), Baja California (39%) y Tamaulipas (36%). Nueve entidades federativas cuentan con un cumplimiento que supera el 95% en cuanto al reporte de su información financiera. Por el contrario, cuatro estados cuentan con un cumplimiento inferior al 70%. Chihuahua es la entidad con el menor puntaje obtenido en la evaluación (58%). Los estados subestiman sus ingresos porque aquellos ingresos excedentes pueden gastarlos de forma discrecional. Las finanzas públicas estatales tienen grandes deficiencias en su planeación presupuestal. Esto sucede ya que una vez aprobados los presupuestos y las leyes de ingresos, los congresos locales se desentienden de su cumplimiento. Para mejorar la calidad de la información financiera, el IMCO propone que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) elimine el margen de interpretación en la normatividad, particularmente en el periodo de comparabilidad y la consolidación de información del ejercicio de recursos públicos de cada poder estatal. Que los entes obligados publiquen en tiempo y forma su información financiera y que lo hagan en formato de datos abiertos. Además, para involucrar a la sociedad civil el instituto plantea utilizar mecanismos de participación ciudadana y consejos consultivos en materia de planeación y ejercicio del gasto, así como usar y aprovechar la información de los informes trimestrales para detectar variaciones injustificadas entre los montos aprobados y los montos ejercidos en las partidas de gasto.
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