Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La determinación del gobierno de Michoacán de cobrar impuestos por la extracción de materiales pétreos en el estado iniciará en un ambiente casi de irregularidad y de un mercado que, desde hace décadas, opera en la ilegalidad. En la actualidad se tienen un total de 500 bancos de materiales pétreos detectados en Michoacán, de los cuales únicamente 10 operan con permiso del gobierno del estado, en el resto ha destacado su nula intención de regularizar su condición. El daño por un banco de materiales suele ser muy alto. El cambio de uso de suelo, desmonte de ecosistemas boscosos, selvas, contaminación de cuerpos de agua y otros efectos son la constante en la actividad que deja miles de millones de pesos al año en ganancias que muy pocas veces reporta impuestos. Foto: La Voz de Michoacán. Fue luego de que los diputados locales de la Comisión de Hacienda del Congreso de Michoacán desecharon la mayor parte del paquete de impuestos ambientales, que autoridades en la materia reconocieron la urgencia de que en el caso de los minerales se mantuviera la iniciativa y la actividad quede directamente señalada y gravada con impuestos en materia ecológica. La situación es de desigualdad. A pesar de que en regiones de Michoacán proliferan los bancos de materiales pétreos y actividades mineras, lo anterior no ha tenido una repercusión directa en la calidad de vida de las comunidades en donde operan las empresas, ni se diga en materia de cuidado medioambiental. En este sentido, desde inicios del 2019, la Secretaría de Medio Ambiental Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet) ha mantenido reuniones con grupos de propietarios, con quienes se ha negociado incluso su adhesión al Fondo Verde. La actividad está generalmente al desmonte de hectáreas completas de diversos tipos de terreno para la extracción de los diferentes materiales, los cuales se destinan principalmente a la construcción y al desarrollo carretero. Ricardo Luna García, titular de la Semaccdet, ha precisado que desde enero de 2019 se han reunido con la Mesa de Seguridad Ambiental para determinar acciones a seguir contra los propietarios de bancos de materiales ante diversas denuncias al respecto cada año. Y es que las denuncias ciudadanas no cesan prácticamente todo el año. La Procuraduría Ambiental del estado destaca que cuentan con hasta 30 denuncias por año en contra de quienes explotan los bancos de materiales. Sólo en el caso de Morelia han sido cerros completos los que han desaparecido por efecto de la explotación desmedida de estos recursos naturales no renovables. “El objetivo es regular a los concesionarios de bancos de materiales pétreos. Porque no están regulados, ya hemos tenido reuniones con ellos, entonces, justo es que estas personas que explotan los bancos, le aporten al tema del medioambiente”. El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello también criticó la decisión de los diputados locales a erradicar el grueso de los impuestos ambientales. Destacó que regiones como en la Costa Michoacana se han amasado grandes fortunas por la actividad industrial, minera y de extracción de recursos naturales. Lo anterior no ha tenido una mejora en la calidad de vida de millones de habitantes de la región. De forma paralela, el medioambiente se ha degradado a pasos agigantados. Según el inventario de Bancos de Materiales Pétreos generado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en lo que refiere a materiales para construcción y mantenimiento de carreteras la mayor cantidad de bancos que se tienen cercanos a las rúas, refieren a Tezontle, riolita, grava y arena, roca alterada, caliza, conglom basáltico, conglom, basalto, canto rodado, basalto con tezontle, volcánica y andesita. La tendencia está relacionada a la expansión de las líneas carreteras y desarrollo urbano, por lo que en el estado y en todo el país es común poder observar los bancos de materiales pétreos desde la carretera, muy cercanos a la población. Cabe destacar que en el año 2015 la Procuraduría Ambiental de Michoacán (Proam) llevó a cabo operativos y la clausura de bancos en los municipios de Tacámbaro, Zitácuaro y Mújica, luego de que realizara inspecciones en 38 bancos de materiales y que estos no contaran con la documentación necesaria. Minería, a la inversa Luego de décadas en la irregularidad y vinculada a prácticas como el narcotráfico, la minería de Michoacán estaría repuntando de nueva cuenta y se estaría encaminando al término de legalidad, principalmente en la región de la Costa, Sierra Costa y zonas productores de metales preciosos e industriales. Según datos de la Semarnat, entre un 70 y 80 por ciento de las empresas mineras que operan en las regiones mencionadas lo hace con la documentación de impacto ambiental y permisos de extracción en regla. Únicamente, restan pequeñas minas que son mínimamente explotadas por gente de las propias comunidades.
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