Jorge Manzo / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Carlos Gómez Arrieta, extitular de la Policía Federal Ministerial, implicado en el caso Ayotzinapa, se entregó de manera voluntaria ante la Fiscalía General de la República; sobre él existía una orden de aprehensión desde el mes de marzo. En junio de 2019 un video lo vinculó con presuntos actos de tortura en contra de Carlos Canto Salgado, quien fue detenido por presuntamente haber participado en la desaparición de los 43 normalistas. Desde ahí se develó que en el Ministerio Público había investigaciones en contra de Gómez Arrieta, quien a su vez tuvo que renunciar a la Subsecretaría de Seguridad Pública de Michoacán “a fin de facilitar y atender las investigaciones que se deriven”, producto de la grabación en donde se escuchaba su voz. Sin embargo, desde el principio él reiteró que no participó en la desaparición de los estudiantes, y que no era ningún delincuente. Gómez se alejó de la función pública. Él dijo a La Voz de Michoacán en su momento que junto con su defensa legal construirían la estrategia para atender los requerimientos que le hacía la Fiscalía General de la República. A principios de julio de este año su casa fue cateada por policías ministeriales, sin embargo, él no se encontraba en el lugar. Para ese entonces, de lo que se tenía conocimiento era de una orden de presentación. https://twitter.com/A_Encinas_R/status/1304531777004998656 De acuerdo con la averiguación que se tiene abierta en el caso Iguala ocurrido en septiembre de 2014, a él se le atribuye una presunta responsabilidad en desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia. En marzo, habló con Radio Fórmula en donde aseguró que ni él ni sus abogados habían sido notificados de una orden de aprehensión, sin embargo, él estaba dispuesto a presentase en caso de ser requeridos, siempre y cuando se le respetaran sus garantías constitucionales. “Si giraron la orden de aprehensión, estoy atento y me voy a defender con las garantías constitucionales que deben ser. Yo lo único que aclaro, es que yo no estuve en Iguala, yo no participé en la desaparición”, comentó en esa entrevista el exfuncionario público, sin embargo, meses más tarde, su casa fue sitiada por elementos de la Secretaría de Marina y por ministeriales federales. El operativo se realizó al sur de la ciudad, en el complejo Tres Marías, lo que despertó curiosidad entre los residentes. En ese momento, la Fiscalía General de la República informó que no existía una orden de aprehensión, pero sí de presentación. Ese operativo ocurrió justo antes de que el fiscal Alejandro Gertz Manero anunció que se caía la llamada “verdad histórica” que construyó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Incluso, en esa ocasión se reveló la solicitud de 46 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de Guerrero vinculados con los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada. Mención aparte para Tomas Zerón Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, sobre quien pesa una orden de extradición a México, misma que se sostiene, a pesar de que un juez federal negó las 46 órdenes de aprehensión que fueron solicitadas por la Fiscalía General, según el vocero de los padres de los normalistas, Felipe de la Cruz. Él ha dicho que esperan una explicación concreta de la autoridad para conocer las causas que motivaron al órgano jurisdiccional a tomar esa decisión. De acuerdo con informes que dio la defensa hace unos meses, el nombre de Gómez Arrieta no aparecía explícito dentro de la investigación que inició la Procuraduría General de la República y que continuó la Fiscalía General de la República, sin embargo, consideraban que sí podría aportar elementos para esclarecer el expediente de los 43 estudiantes, una vez que participó en acciones policiales encaminadas a dar con el paradero de los responsables de este crimen. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha dado más información sobre Gómez Arrieta, y lo único que se hace oficial es lo que publicó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, a quien le encomendaron la interlocución directa con los padres de los normalistas desaparecidos. En junio de 2019 se difundió un video en el que se ven los presuntos actos de tortura que se cometieron en contra de de Carlos Canto Salgado, detenido durante las investigaciones del paradero de los normalistas. Este material le costó el cargo y el 22 de junio de ese mes renunció como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán y desde entonces no se le ha visto en público.
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