Juan Carlos Huante / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Para la Maestra en derecho penal y procesal penal, Elizabeth Alfaro, lo que la Fiscalía General del Estado de Michoacán pretende al solicitar una ampliación de plazo en el caso del feminicidio de Jessica Villaseñor es recabar la mayor cantidad de datos de prueba con la finalidad de que Diego ‘N’ alcance la pena máxima por este delito y sea de gran impacto para la sociedad, que está ‘ávida de justicia’. Diego 'N', presunto responsable del asesinato de la joven Jessica Villaseñor el pasado mes de septiembre, se encuentra recluido en el Cereso David Franco Rodríguez (Mil Cumbres), en Morelia, en espera de que se resuelva su situación legal, y este martes 2 de febrero se reanuda el juicio por el delito de feminicidio. Dentro de lo que marca la ley y el Código Nacional, la institución tiene la posibilidad de solicitar esta ampliación en la investigación, sea para recabar algunas entrevistas que puedan ser ya desahogadas dentro del juicio, o bien, algunas pruebas periciales que determinen la plena responsabilidad del señalado, explica la abogada. Con doctorado en derecho y especializada en cuestiones de género, violencia, procesos de revictimización y victimología por cuestiones de género, Alfaro sugiere que la defensa de Diego buscaría una salida alterna, como el juicio abreviado, al reconocer su culpa, y esto es lo que la Fiscalía busca evitar, “¿por qué? Porque no tendría el impacto que socialmente quisiera tener”. La penalista insiste en el impacto mediático del juicio dado el gran activismo que generó este caso tanto por la familia como por la sociedad que se sumó; además, son tiempos electorales y por ello se buscará que la resolución sea ejemplar. La gente más que nunca, imagínate, un feminicidio en plena pandemia, busca que haya justicia y la única justicia que hemos comprado es a través de las sanciones, cárcel, pena, les digo yo ‘sangre y muerte’; del derecho penal van a salir solamente sanciones”. JUICIO ABREVIADO Un juicio abreviado es cuando la persona que está señalada como probable responsable acepta los hechos y esto le causaría una disminución de la pena, expone Elizabeth Alfaro. Ejemplifica que como litigante le pediría al acusado ir a un juicio abreviado, que acepte su responsabilidad, que “fue por cuestión de nerviosismo, que nunca ha sido delincuente, que no tiene antecedentes penales” o, al contrario, como parte acusadora desacreditar a la persona. Sin embargo, aclara que en el actual derecho penal, bajo este sistema acusatorio, lo que importa es el hecho, cómo fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por eso la FGE busca comprobar que hubo “alevosía, ventaja, lo planeó, tuvo tal intención; sometió a la víctima”, quizá con un químico, una sustancia… Entonces, pretenden que la pena para Diego ‘N’ sea de 60 años, como corresponde para feminicidio, y no de 40, por el delito de homicidio y que se lograría en este caso con el juicio abreviado. ¿ALGUNA POSIBILIDAD QUE DIEGO QUEDARA LIBRE? “No existe alguna circunstancia que puede eximir de responsabilidad a Diego”, sentencia Eizabeth Alfaro. Aun cuando la defensa se fuera por un procedimiento abreviado, que indiscutiblemente tiene que haber de por medio la aceptación de culpa por parte del señalado, “existe el hecho y no hay otro presunto responsable”. JUICIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO La doctora en derecho considera que los jueces están obligados a manejar este proceso con perspectiva de género, no solo constitucionalmente, sino convencionalmente a través de los tratados internacionales, y confía en que los juzgadores están revisando las condiciones de ser mujer en Michoacán. “Yo creo que actualmente los juzgadores con los que cuenta Michoacán es gente bastante preparada, para mí tienen mucho reconocimiento; existen jueces que no solamente han sido orientados en cuestión de juzgar con perspectiva de género, sino que se aplican los protocolos correspondientes”, como el actual que se implementó en tiempos de pandemia. Según Alfaro, para que el juez acepte o no la ampliación dependerá de que existan suficientes razones y justificaciones por parte de la Fiscalía. Lo que están pidiendo para las pruebas son proporcionales, porque nunca podrán superarlas y causa perjuicio a la parte que está siendo acusas”. Y también existe el principio de proporcionalidad –explica–, en el cual la FGE no va a argumentar que ocupa los dos meses más que tiene como límite, según lo marca el código nacional, para solicitar una ampliación dl término de la investigación. “Supongamos que quieren recabar un testimonio; pues no habrá suficiente causa para decir dame los dos meses”, dice.
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