Jorge Ávila / La Voz de Michoacán Esta noche, entre los últimos minutos del jueves y los primeros del viernes, Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración federal de Enrique Peña Nieto, estará llegando a México –tras una escala en Canadá– procedente de España, para lo que ha sido, hasta ahora, el juicio más esperado durante este gobierno. La investigación y proceso judicial contra el exfuncionario resultan de particular interés en el contexto actual, pues desde su campaña, el presidente López Obrador alzó la bandera del combate a la corrupción como aguja de brújula, así que ahora, tratándose de un exfuncionario de la administración priista pasada, el caso no deja de tener un cariz político, pues es de recordar que el año próximo se definirán gubernaturas y alcaldías, en varios estados del país, lo que bien puede fortalecer o diezmar al gobierno federal. Ante la opinión pública, Emilio Lozoya encarna la corrupción del pasado gobierno, y lo que declare o muestre a las autoridades puede tener serias repercusiones en muchos personajes de la clase política y empresarial, sobre todo los allegados al pasado gobierno. Y la expectativa ha aumentado desde que el presidente López Obrador anunció que Lozoya Austin tenía en su poder horas y horas de videos en los que quedó registrado el entramado de corrupción para la aprobación de la reforma energética, que fue una de las banderas del pasado gobierno. ¿Qué se le imputa a Emilio Lozoya? Emilio Lozoya Austin está bajo investigación, primordialmente, por distintas irregularidades ligadas a las empresas Odebrecht y Agro Nitrogenados. Entre los años 2013 y 2015, Pemex, bajo la dirección de Lozoya, adjudicó dos contratos (folios PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 y DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15) a la Constructora Norberto Odebrecht, pese a que los costos de la empresa no se ajustaban a los precios promedio del mercado, y con todo y que la compañía no cumplía con los requerimientos de experiencia y capacidad técnica para hacer los trabajo solicitados por la paraestatal, según arrojó el análisis de la Cuenta Pública de 2016 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (informe 16-6-90T9M-04-0479 479-DE). También se ha detectado que entre 2012 y 2013, Emilio Lozoya presuntamente recibió sobornos millonarios y aportaciones económicas para el PRI por parte de Odebrecht, con la finalidad de que se facilitara la adjudicación de contratos; o lo que es lo mismo, a través de Lozoya, la empresa aceitó su maquinaria de corrupción en México, y es que, a decir del diario brasileño O Globo, desde antes de la toma de posesión de Peña Nieto, Lozoya, entonces vicecoordinador de Asuntos Internacionales en el equipo de transacción del mexiquense, comenzó a recibir sobornos de 10 millones de dólares de la empresa brasileña. https://twitter.com/armandott/status/1282851787943403522 También, Odebrecht firmó dos contratos por un monto global de 4 mil 127 millones 310 mil 900 pesos, para la edificación de obras de infraestructura relacionadas con el aprovechamiento de residuales de la Refinería Miguel Hidalgo, pero ambos contratos significaron probables daños a la Hacienda Pública Federal por al menos 953 millones 278 mil 744 pesos, según datos de la Cuenta Pública 2016. Claro que Lozoya no lo hizo solo, ya que para otorgar estos contratos, el Consejo de Pemex y otras áreas de la empresa, además de las ramas de Refinación y Transformación dieron el visto bueno, incluido el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. En la misma Cuenta Pública de 2016 se asienta que entre el 27 de enero de 2014 y el 26 de octubre de 2015, el Consejo de Administración de Pemex aprobó los términos y condiciones de los contratos PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 y DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, para las obras de acondicionamiento del terreno de la Refinería de Tula, en Hidalgo. Otra investigación contra Lozoya es la que tiene que ver con la compra de una planta petroquímica por parte de Pemex: El 20 de diciembre de 2013, la paraestatal compró el complejo de Agro Nitrogenados en Pajaritos, Veracruz, a través de su filial Pro-Agroindustria. La transacción fue justificada en la necesidad de generar más fertilizantes y productos petroquímicos en México, y además se argumentó la capacidad de producción de un millón anual de toneladas de urea, de las plantas de Agro Nitrogenados. https://twitter.com/acostanaranjo/status/1283220852033503233 Pero según el “Libro Blanco 2015-2018” de Pemex Fertilizantes, al momento de la compra, los dos “trenes de urea” de Agro Nitrogenados llevaban 14 años sin operar, por lo que se encontraban “en una situación de extremo deterioro que requería una gran inversión para su rehabilitación y puesta en marcha”. Además, el complejo petroquímico de Cosoleacaque –al que fue añadida– “no tenía la capacidad para proveerla de insumos (amoniaco y CO2) suficientes y a costos competitivos” para la producción de urea. Por las millonarias reparaciones y las irregularidades para poner en marcha la planta, Agro Nitrogenados fue comprada con un sobrecosto real de 200 por ciento, que implicaría un daño en contra de la Hacienda Pública Federal, tomando en consideración que a finales de 2018, Pemex aún debía 3.5 mil millones de pesos (constantes) por la adquisición de la compañía y que, hasta entonces, no contaba con “viabilidad operativa” plena, pese a las obras e inversiones efectuadas. Si Lozoya cae, puede que no lo haga solo A decir de especialistas, y como el propio presidente lo ha dejado ver, Emilio Lozoya podría llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República para reducir el daño hacia él, a cambio de poner en prietos a alrededor de 37 personas, pasando incluso por el expresidente Peña Nieto. “Seguramente va a declarar; está, según entiendo, aceptando la extradición por un acuerdo con la Fiscalía para lograr algunos beneficios en cuanto a su posible consignación y condena, aportando información, dando a conocer lo que sucedió”, señaló AMLO en la mañanera del 1 de julio. Por su parte, la periodista Ana Lilia Pérez, especialista en investigaciones de corrupción en el sector energético, considera que Lozoya está dispuesto a declarar, sobre todo si se toma en cuenta que “él no es el único, dentro de su familia, que ha estado bajo investigación y bajo proceso. Está también su mamá, está su hermana y está su esposa. De manera que quizá las negociaciones que él busque puedan ser para favorecer a su familia; su mamá misma que ahora está en arraigo domiciliario”. https://twitter.com/Dolores_PL/status/1283131491900243968 En entrevista con Sin Embargo, la autora del libro “Pemex RIP” señaló: “Es un caso que será un parteaguas, sobre todo en el tema de combate a la corrupción, que es una de las principales banderas que tiene este gobierno, y del resultado de éste veremos si México está en posibilidad de tener lo que en otros países se ha conocido como ‘maxi-proceso’”, lo que implicaría un juicio multitudinario que rompe con el “código de silencio mafioso” y que permite una serie de vinculaciones por las acusaciones entre unos y otros involucrados. “De ese tamaño es la importancia de este caso”. Emilio Lozoya y Pedro Joaquín Coldwell. Y es que en el entramado hay personajes de las cúpulas tanto del PRI como de Pemex: en la compra de plantas chatarra, la decisión y aval no recayeron sólo en Lozoya Austin, sino que los miembros del Consejo de Administración de Pemex son corresponsables al tomar parte en la decisión. Aquí estamos hablando de por lo menos 13 personas: Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía.Rafael Pacchiano Alamán, exsubsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente.Cuauhtémoc Ochoa Fernández, exsubsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente. María de Lourdes Melgar Palacios, exsubsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.Miguel Messmacher Linartas, exsubsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda.José Rogelio Garza Garza, exsubsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.César Emiliano Hernández Ochoa, exsecretario del Consejo de Administración de Pemex.Fernando Zendejas Reyes, exsecretario del Consejo de Administración de Pemex.Miguel Ángel Flores Ramírez, ex prosecretario.Alberto Tiburcio Celorio, exconsejero independiente.Carlos Elizondo Mayer-Serra, exconsejero independiente.Jorge José Borja Navarrete, exconsejero independiente.Octavio Francisco Pastrana Pastrana, exconsejero independiente. Pero entre 2013 y 2018 hubo otras 24 personas que formaron parte del Consejo de Pemex, entre quienes se ubica a: Enrique Ochoa Reza, extitular de la Comisión Federal de Electricidad.Ildefonso Guajardo Villareal, exsecretario de Economía.Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior se sustenta en la Ley de Petróleos Mexicanos, que en su artículo 13 señala que el Consejo es “responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales”. Y en el artículo 31 indica que las 10 personas que lo componen son responsables, junto con el director general de la empresa, de “los daños y perjuicios que llegaren a causar”, por “los actos, hechos u omisiones en que incurran”. Y aunque la ley estipula que sólo las personas que hayan adoptado una decisión perjudicial para Pemex son responsables de los hechos, también señala, en el artículo 35, que “los consejeros serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido en el cargo, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido si, conociéndolas, no las comunicaren al Comité de Auditoría”. Esto también aplica para los actuales integrantes del Consejo. https://twitter.com/alitomorenoc/status/1283922574347505669 El PRI se deslinda. Criterio de oportunidad podría ser favorable Al haber más posible implicados en los negocios turbios, Emilio Lozoya Austin podría negociar con la Fiscalía y evitar que se le procese por los delitos que le llegaran a ser imputados, pero eso dependerá de la información que brinde, si resulta de utilidad para las autoridades. “Con el criterio de oportunidad, Lozoya podría involucrar a mandos superiores para obtener beneficios sobre los delitos que se le imputan, que son, básicamente, lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa”, señala la periodista Ana Lilia Pérez. “En su alcance mayor, esta figura de criterio de oportunidad puede permitirle a una persona, incluso, evitar ir a la prisión”, aunque aún no se sabe si éste será el caso de Lozoya. Según el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el exfuncionario podría tener pase libre para evitar la cárcel mediante el criterio de oportunidad, pues la aplicación de este criterio extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio, según el artículo 257. Para acceder al criterio de oportunidad, los delitos cometidos no deben haber atentado contra del libre desarrollo de la personalidad ni estar relacionados con violencia, delitos fiscales o “aquellos que afecten gravemente el interés público” (artículos 221, 256 fracciones I y II, así como 259). Pero en el caso de los delitos fiscales y financieros, como los imputados a Lozoya, hay una excepción a la regla vertida en la fracción V del artículo 256: se aplicará el criterio de oportunidad cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”. Lo anterior quiere decir que si el exdirector de Pemex da información que coadyuve para la investigación y persecución de los beneficiarios finales de los presuntos delitos que cometió, podría salvarse de las acciones penales y pasar las responsabilidades imputables a otras personas quienes, a partir de ese momento, estarían obligadas a reparar el daño, en este caso, exfuncionarios como los señalados más arriba. Es decir, si se aplica este criterio, Lozoya podría hacer que cayeran todos los implicados, y de esta forma él puede salvar sus bienes, a sus familiares involucrados o hasta él mismo de ir a la cárcel.
La Voz de Michoacán
