Comisionada de Seguridad de Morelia será separada del cargo tras muerte de Julio a manos de policías

El alcalde de Morelia dialogó con familiares de Julin, con quienes se comprometió a separar del cargo a la encargada de Seguridad en tanto se realiza la investigación.

Foto: Sam Herrera Jr., La Voz de Michoacán.

Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. La comisionada para la Seguridad Municipal de Morelia, Julisa Suárez Bucio, será separada temporalmente del cargo en tanto se realizan las investigaciones con relación a la muerte de Julio César, el joven de 28 años que murió a manos de elementos de la Policía Municipal la noche del miércoles en el fraccionamiento Jardines del Toreo, en Morelia.

Familiares y amigos de Julin irrumpieron este día en el acto protocolario del Segundo Informe de Gobierno del alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, para exigir justicia por la muerte del joven, que podría tratarse de un asesinato extrajudicial, de acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

PUBLICIDAD

Ante la exigencia de los manifestantes, el presidente municipal se pronunció sobre el hecho y aseguró que todos los servidores públicos que participaron en el hecho que derivó en la muerte del joven con discapacidad están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

“Comparto su indignación, la respeto, no quisiéramos que pasaran eventos como este, estaremos mucho más atentos. Nos disculpamos públicamente por los hechos que han pasado”.

PUBLICIDAD

Contenidos relacionados

La CEDH advirtió graves violaciones en los hechos que derivaron en la muerte de Julio y no descartó la posibilidad de que se tratara de una ejecución extrajudicial.

El organismo indicó que realiza todas las actuaciones correspondientes a fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los hechos que, hasta ahora, no han sido aclarados totalmente.

La Comisión de Derechos Humanos refirió que, en este caso, se analiza el uso excesivo de la fuerza, así como la obligación de investigar efectivamente los hechos por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia.

La institución consideró irresponsable que las autoridades den un veredicto, a priori, sobre la actuación de los servidores públicos, sin que se haya agotado la investigación, para conocer si se siguieron o no los protocolos correspondientes, por lo que conminó a las autoridades involucradas a efecto de que se abstengan de hacer declaraciones antes de contar con los resultados de la investigación formal.